Juicio a la cúpula de los Casuals por torturas a narcotraficantes

La cúpula de los Casuals, la facción más violenta de los Boixos Nois, guardó ayer un escrupuloso silencio en el juicio que se sigue en la Audiencia de Barcelona por presuntos robos y torturas a traficantes de droga. Los principales jerarcas de los Casuals y sus colaboradores —que dejaron de ser simples ultras del Barça para convertirse en una verdadera organización criminal— se acogieron a su derecho a no declarar. Entre ellos se cuenta el supuesto líder, Ricardo Mateo, que junto con Carlos Muñoz, alias Carlitos, permanece en prisión provisional por una investigación posterior que aún está pendiente de juicio.

El que comenzó ayer en la Audiencia se centra en la actividad del grupo entre 2002 y 2003. El fiscal Gerardo Cavero explica que Mateo y sus hombres se hacían pasar por policías para propinar palizas a narcos y robarles la mercancía. El relato del fiscal, que pide 53 años de cárcel para el líder de los Casuals, resulta escalofriante: narra las presuntas torturas que los acusados infligían a sus víctimas “con inhumana crueldad”. A una de esas personas, por ejemplo, tres de los acusados le cortaron el dedo índice de la mano derecha con un hacha porque no supo decirles dónde estaba la partida de droga de la que querían apoderarse.

Solo uno de los Casuals, Antonio Torn, alias Antoñito, dijo que declarará, pero que contestará solo a las preguntas de su abogado. Antoñito fue, presuntamente, el autor de las amenazas de muerte al expresidente del FC Barcelona Joan Laporta, después de que este vetara el acceso de los radicales al Camp Nou.

En enero de 2003, la banda supo que dos traficantes se habían hecho con una importante partida de anfetamina y MDMA procedente de Holanda. Así que Mateo y otros dos acusados fueron a buscarlos a Cambrils (Baix Camp) para apoderarse de la mercancía. Fingieron una detención para obligarles a subir a una furgoneta, donde les torturaron. A uno de ellos le introdujeron una pistola en la boca y jugaron con él a la ruleta rusa.

Unos meses más tarde, en septiembre, se produjo un intercambio de droga en el aparcamiento de un supermercado de Vic (Osona). Tres hombres de origen magrebí —que también están acusados y van a declarar en el juicio— trasladaron a casa de uno de ellos fardos con un total de 1.473 kilos de hachís. “Puntualmente”, apostilla el fiscal, Mateo y los suyos recibieron el soplo de que podían hacerse con la droga. Diversos miembros de la banda se desplazaron a la localidad en tres potentes vehículos. El hombre que podía llevarles hasta la droga salió tranquilamente de su coche y, de repente, se vio rodeado de hombres fornidos que le apuntaban con sus pistolas. “¡Mossos d’Esquadra!”, gritaban los Casuals.

El hombre fue atado de pies y manos y amordazado con cinta de embalaje en una de las furgonetas. Recibió golpes, insultos y amenazas de muerte mientras oía una y otra vez la misma pregunta: “¿Dónde está el hachís?”, le reclamaban a gritos. “Para acrecentar la crueldad” del ataque, los agresores le aplicaron descargas eléctricas en las piernas, dice el fiscal, que resalta el trato “despiadado” y la “inhumana crueldad” de los integrantes de la banda.

Aquella jornada, 3 de octubre de 2003, el grupo criminal creado con la excusa del fútbol recibió su primer golpe policial. Un ciudadano presenció el secuestro de Vic y alertó a los Mossos d’Esquadra, que en pocos minutos dieron alcance a la “siniestra caravana”, dice el fiscal, junto a un camino rural. Uno de los vehículos de los asaltantes, un todoterreno de lujo, embistió un coche patrulla y dos de sus ocupantes lograron huir. Mateo y uno de sus lugartenientes, Alejandro Miguel, también trataron de eludir la captura identificándose como guardias civiles. Al cachearle, la policía descubrió en los calzoncillos de Mateo una placa falsa de la Guardia Civil. Los agentes irrumpieron en la furgoneta, donde permanecía, aún atada, la víctima. Alberto S., que participaba en el secuestro, se vio perdido, se metió la pistola en la boca y se pegó un tiro. Murió en el acto.

La detención de los principales cabecillas del grupo no frenó su actividad, que “siguió operativa por la inercia propia de una empresa de tal envergadura”, abunda el fiscal. Los detenidos “fueron inmediatamente sustituidos por otros equivalentes”. Al ingresar en prisión, por ejemplo, Antoñito siguió haciendo contactos y planificó, sin éxito, un atraco a un local de Barcelona con ayuda de dos vigilantes de seguridad, también acusados.

Los abogados de la defensa solicitaron ayer al tribunal que declare nulos los autos judiciales que autorizaron las intervenciones telefónicas del caso porque, en su opinión, carecen de fundamento. Para decidir sobre esa cuestión, el presidente del tribunal suspendió el juicio hasta el martes. Los acusados afrontan elevadas penas de prisión por presuntos delitos contra la integridad moral (torturas), detención ilegal, tráfico de drogas y lesiones, entre otros.