Castellano se querella contra Gayoso y otros tres exdirectivos de Caixanova

Uno de los mayores escándalos que ha dado la fusión de las cajas gallegas, el de las indemnizaciones a los exdirectivos, amenaza con no dejar las portadas. Después del titubeo inicial, (sus directivos decían que no iban a “tirar de la manta”, para no perjudicar más la imagen de la entidad) NCG se ha decidido a presentar una demanda laboral en los juzgados contra el exdirector José Luis Pego y los jefes de área Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada. Será antes de un acto de conciliación para que pasen por caja y devuelvan los 13,2 millones que se embolsaron por marcharse anticipadamente de Novacaixagalicia.

La entidad apura así los plazos, porque se cumple ahora un año de su marcha, el límite legal para ejercer una acción laboral contra ellos. En octubre le tocaría el turno al exdirector adjunto Javier García de Paredes, el cuarto en discordia (el único cuya procedencia es Caixa Galicia), que se prejubiló después de que la empresa fuese nacionalizada. Tras el escándalo anunció que devolvería el 80% de lo cobrado, un pacto que no se ha cumplido por la apertura de la investigación en la Audiencia Nacional pero que por ahora lo librará de la reclamación.

“Nuestra intención era no judicializar el caso, pero las negociaciones por las buenas llegaron a un callejón sin salida y, ocho meses después, el juez ha delimitado la vía penal”, selañan desde Novagalicia. Otra cantar será el desenlace, porque el propio presidente de Novagalicia, José María Castellano, admitía hace no tanto que informes jurídicos apuntaban a que los contratos eran legales y que, por “muy escandalosas o inmorales” que fuesen las indemnizaciones, la entidad tenía todas las de perder en un pleito. Sin embargo, NCG dice ahora estar dispuesta a todo: “Este es solo el principio, se abrirán todas las vías que sean necesarias”, aseguran fuentes de dirección sin excluir una demanda penal. La letrada que llevará la defensa de NCG es la misma que defendió a la CAM frente a su exdirectora, María Dolores Amorós, que reclamaba 10 millones por despido improcedente.

La entidad nacionalizada, que ya ha recibido 3.665 millones del FROB y espera al menos otros 4.000 de Bruselas para mantenerse a flote, reclama a José Luis Pego, exdirector general, 7,7 millones que percibió por prejubilarse con 54 años. El monto es la suma de su salario bruto, 627.000 euros, multiplicado por los años que le quedaban para jubilarse junto a un seguro.

Al exdirector de la sección inmobiliaria, Gregorio Gorriarán Laza le piden 4,8 millones, y a Óscar Rodríguez Estrada, mano derecha durante muchos años del expresidente Julio Fernández Gayoso, le reclaman 0,7 millones.

El banco también se ha personado en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional contra esos mismos exdirectivos y contra Julio Fernández Gayoso, acusado de hacer la vista gorda cuando supuestamente sus colaboradores en la caja modificaron sus contratos para inflar el retiro artificialmente. NCG, muy tocado por la venta de preferentes, inició en julio una campaña para pedir perdón por los errores cometidos. Este sería el segundo acto de la “nueva etapa”, como la calificó José María Castellano, su actual presidente, para taponar la sangría que sufre por la pérdida de depósitos y credibilidad, que no ha cesado desde la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.

NCG dice que seguirá removiendo papeles e investigará “a fondo” cada asunto y decidirá si es necesario actuar para recuperar más fondos “o depurar responsabilidades en la gestión de la entidad en el pasado”. Pero pocos creen que la investigación vaya a salpicar también a José Luis Méndez, director durante 29 años de Caixa Galicia.