El ‘caso Blasco’ es “un trámite más”

Para la dirección del PP valenciano, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se haya hecho cargo de investigar el fraude de las subvenciones de cooperación, que implica a su portavoz parlamentario y exconsejero, Rafael Blasco, es “un trámite más”. Así lo dijo ayer el secretario general de los populares valencianos, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, quien añadió que su partido ve el proceso “con respeto, absoluta normalidad y siempre con la máxima colaboración en todo con la justicia”.

De acuerdo con esta visión, el PP adoptará decisiones “pensando en la sociedad” y “la normalidad democrática”. Es decir, que no hará nada mientras Blasco no esté formalmente imputado, algo que ocurrirá en breve y que implicará inevitablemente la dimisión del todavía portavoz popular en las Cortes Valencianas. Castellano hizo estas declaraciones poco antes de participar en una mesa redonda organizada por UGT junto a los líderes del PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida.

La actitud fue criticada por el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, quien señaló que Alberto Fabra, presidente del PP valenciano y del Consell, “está esperando a que los tribunales hagan el trabajo que él es incapaz de hacer en su grupo”. Según Puig, Fabra “no ha hecho nada para regenerar la democracia sino que ha continuado con la labor de su antecesor, con la opacidad, con la falta de transparencia y dándoles cobijo a aquellos que han defraudado el interés general”. Se refería, como precisó el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Antonio Torres, en otras declaraciones, al hecho “inconcebible” de que el 20% de los diputados del PP “está imputado o al borde de la imputación” sin que se adopten medidas.

Una de las diputadas al borde de la imputación es la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, pendiente de la decisión del TSJ sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Castedo anunció en julio que dimitirá de parlamentaria, pero ayer dijo que lo hará “cuando crea” que es el momento, informa la agencia Efe. “No quiero sentirme presionada”, comentó la alcaldesa, que indicó que su dimisión y su pérdida de la condición de aforada no servirá para que el caso deje de ser competencia del TSJ. “Judicialmente estará en el mismo sitio”, apuntó, dado que su predecesor, el exalcalde Luis Díaz Alperi, también pendiente de imputación, es diputado autonómico como ella.