Standard and Poor’s rebaja a bono basura la deuda de la Generalitat

El Gobierno catalán ha iniciado la actividad tras el verano con una semana negra: el martes pidió el rescate urgente al gabinete de Rajoy por 5.023 millones de euros; el miércoles el Ministerio de Hacienda avisó que no tiene fecha para activar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ayer una agencia de calificación acabó poniendo la guinda. Como ya lo hiciera Moody's en mayo, la agencia Standard and Poor's (S&P) rebajó la nota de la deuda de Cataluña hasta niveles del bono basura. La degradó dos escalones y la pasó desde el BBB —un aprobado bajo— a BB y con “perspectiva negativa”. El nuevo rating llegó apenas tres días después de que el Gobierno catalán admitiera que necesita con urgencia la ayuda del gabinete de Rajoy para afrontar los vencimientos de deuda que tiene pendientes este año y acabar de cubrir el déficit.

Pero más allá del rescate demandado, S&P arguye en su nota otro elemento de calado político para rebajar el valor de la deuda autonómica: la demanda de la Generalitat de negociar un nuevo modelo de financiación autonómico, el denominado pacto fiscal. La agencia teme que las demandas del Ejecutivo catalán acaben provocando un choque de trenes que “podría perjudicar la coordinación necesaria entre la Administración regional y la nacional para la buena ejecución de la ayuda financiera del Gobierno y debilitar la voluntad del Gobierno de dar su apoyo bajo ciertos escenarios”. S&P considera que la demanda de Cataluña puede ir “en detrimento de otras regiones u otros niveles de gobierno”, por lo que es una demanda es “políticamente delicada”.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que la única condición para captar fondos del FLA pasará por el cumplimiento del objetivo de déficit, del 1,5%. Sin embargo, la agencia considera que la reclamación de un nuevo sistema de financiación genera nuevas tensiones y puede incluso llegar “hasta un punto de ruptura”. Y con ese virtual escenario en el horizonte S&P afirma que se reserva la posibilidad de rebajar en otros cuatro escalones la deuda de la Generalitat, hasta B-, un nivel considerado por los inversores como altamente especulativo.

S&P cree que la nueva financiación puede perjudicar a “otras regiones”

Los argumentos de la agencia provocaron una respuesta airada del Departamento de Economía. Su máximo responsable, el consejero Andreu Mas-Colell, trasladó a la agencia su perplejidad por el criterio esgrimido, que calificó de “altamente política, desacertado y poco respetuosa con la solidez democrática de España”. A través de un comunicado, el departamento aseguró que, teniendo en cuenta la nota de Standard and Poor's, “cualquier administración de un Estado federal puede ser degradada si su Gobierno mantiene un desacuerdo político con el Gobierno central”.

La decisión supone un revés para el Ejecutivo de Artur Mas que ha fiado todo su mandato a la suerte del pacto fiscal y ha animado a la ciudadanía a reivindicarlo en la manifestación independentista de la Diada. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, advirtió la semana pasada que las reivindicaciones soberanistas podían ahuyentar a los inversores y que esa no es la mejor forma de luchar de forma unitaria contra la crisis. El Partido Popular, socio potencial de Mas, que le ha permitido aprobar por dos veces sus Presupuestos, sostiene la misma tesis.

La rebaja de la deuda coloca a la Generalitat en una situación altamente incómoda cuando tiene los mercados cerrados y aguarda el préstamo de 5.023 millones para satisfacer su deuda financiera. Tras el Consejo de Ministros, De Guindos no pudo poner fecha a la puesta en marcha del FLA y solo acertó a decir que tardaría entre “días y semanas”. El portavoz del Gobierno, Francesc Homs, avisó que la Generalitat tendrá “problemas mayúsculos” si no recibe la suma este mes al tiempo que admitió que no desaparecerán las dificultades en sus pagos ordinarios.