El TSJA investiga a Gordillo y tres personas más por cinco posibles delitos

Los hechos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investiga al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y a otras tres personas no aforadas podrían ser constitutivos de hasta cinco delitos contra el derecho de los trabajadores, por su actuación durante la huelga del pasado 29 de marzo. Así consta, sin perjuicio de lo que en su momento resulte, en el auto por el que el alto tribunal andaluz se declara competente para investigar el asunto.

Queda por fijar la fecha de la declaración del parlamentario, que es investigado por si hubiera cometido esos delitos, previstos en el artículo 315.3 del Código Penal. En concreto, se refiere a la actuación en grupo o individual, pero de acuerdo con otros, de coaccionar a otras personas a iniciar o continuar con una huelga. Por eso fueron denunciados Sánchez Gordillo y otros tres hombres en el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepa (Sevilla).

El juzgado remitió la causa al alto tribunal andaluz que dio traslado al Ministerio Fiscal, quien estimó la incoación de diligencias previas. El TSJA admite así la denuncia interpuesta contra el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y trata de esclarecer si Sánchez Gordillo actuó únicamente como piquete informativo durante la jornada de huelga general o, por el contrario, obligó a cerrar algunos establecimientos comerciales bajo amenazas y coacciones a los trabajadores. El auto por el que se incoan las diligencias previas designa como instructor de la causa al magistrado Jerónimo Garvín.

Las supuestas amenazas de causar daños en los comercios que estaban abiertos se completaron, según los denunciantes, con amagos por parte del grupo de realizar compras pese a no llevar dinero. Otras actuaciones del líder del SAT que han llegado a los tribunales son la ocupación de la finca de Turquillas, en julio pasado, y el asalto a los supermercados el 7 de agosto en Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz). Por el momento, solo lo que atañe a su comportamiento en la huelga general es lo que investiga ya el TSJA. El parlamentario será citado a declarar en próximas fechas por estos hechos.