“El ERE es ilegal y vamos a intentar que los tribunales lo reconozcan”

El comité de empresa de RTVV planteará ante los tribunales una demanda conjunta contra la decisión del consejo de administración de Radio Televisión Valenciana de realizar el ERE que va a despedir a 1.198 trabajadores, más del 70% de la plantilla. Los trabajadores dicen sentir "tortura laboral" por la decisión de comunicar los despidos por goteo desde septiembre de este año hasta agosto de 2013 y afirman que "si este ERE sale bien" el Partido Popular "quiere usarlo como modelo para el resto de televisiones autonómicas".

"Entendemos que este ERE es ilegal y vamos a tratar que los tribunales lo reconozcan así", afirmaba ayer en rueda de prensa Vicent Mifsud, presidente del comité de empresa. Los representantes de los trabajadores denunciaron una vez más "los fallos procesales y de funcionamiento bestiales" que según afirman se han ido acumulando durante el proceso de planteamiento del ERE, que se ha firmado sin acuerdo con el comité de empresa. La propuesta de los trabajadores, que el consejo de administración de RTVV ni siquiera estudió, habría permitido que continuasen trabajando 1.135 trabajadores en lugar de los 480 que se quedarán ahora. Esta es la cifra que según el comité de empresa "es imprescindible" para dar un servicio público de calidad.

La demanda podría resolverse en un plazo "de tres o cuatro meses"

Los trabajadores afirman que "el ERE es un escándalo desde el punto de vista económico" y acusan de mala gestión a los responsables políticos de la empresa. Según afirman, la televisión pública ha mantenido programas "con un 1% de audiencia en los que se pagaba 3.000 euros a la presentadora y casi 1.000 euros a los contertulios". Además, aseguran que el ERE no supondrá un ahorro para la empresa dado que los despidos costarán 40 millones de euros que se sumarán a los 1.200 millones de deuda del ente público que la Generalitat tendrá que asumir.

Asimismo, afirman que tampoco supondrá un ahorro para la Administración estatal, dado que habrá que pagar el paro a los 1.198 nuevos desempleados que están a punto de producirse.

El comité de empresa ha denunciado que los criterios de selección de las personas despedidas que sean "potestad exclusiva de la empresa". El primero de estos criterios es la "asignación al puesto de trabajo", asignaciones que, afirman, están siendo modificadas durante los últimos días de negociación del ERE.

Vicent Mifsud acusa a Nuria Romeral, ex secretaria autonómica de Comunicación de Francisco Camps que actualmente dirige Ràdio Nou, de estar detrás de la selección "casi digital" de quienes serán despedidos. "En lugar de mantener la programación a la espera de lo que determine el ERE están cambiando totalmente la programación para reasignar al personal, por una decisión de Nuria Romeral, para tener colocadas a las personas en la foto fija que determine quien se queda y quien se va".

Los trabajadores también denuncian la incoherencia de utilizar como criterio reductor de puntuación el haber satisfecho su derecho a excedencia, dado que si ese tiempo se ha utilizado para aumentar la formación, esta sumaría unos puntos que quedarían restados por el propio hecho de haber pedido la excedencia.

"El único objetivo que ha tenido y lo hemos denunciado en todo momento ha sido acabar con una empresa pública tirando a sus trabajadores para continuar haciendo negocio con empresas privadas con trabajadores precarizados", afirmaba Vicent Mifsud al respecto de la decisión de subcontratar personal privado tras el despido de trabajadores públicos. En referencia a esto, el comité de empresa dice que esta decisión ha sido "única y exclusivamente política del Gobierno del Partido Popular" y afirman que en caso de que los tribunales avalen este modelo de ERE, el PP lo utilizará para otras televisiones públicas.

La vicepresidenta del comité de empresa, Salut Alcover, afirmó que los trabajadores están siendo víctimas de "tortura laboral" y tilda de "sadismo" la decisión de la empresa de anunciar progresivamente los despidos en lugar de dar un listado definitivo. Además, los trabajadores acusan a la empresa de estar obstaculizando la defensa de los trabajadores al estar negándoles información que necesitan para preparar la demanda colectiva, que podría resolverse en un plazo "de tres o cuatro meses". Según explica Alcover, los trabajadores necesitan un listado completo de las personas despedidas para poder comparar situaciones laborales semejantes y determinar así si ha habido o no irregularidades en los despidos. Este listado, al menos por el momento, no va a serles facilitado.

En los próximos 20 días, único plazo de tiempo que les queda para presentar la demanda colectiva, no tienen previstas nuevas movilizaciones aunque no las descartan.