La Xunta oculta cientos de informes pedidos en la Cámara por la oposición

Mucho han cambiado las cosas desde 2009, cuando los diputados del PP, entonces en la oposición, se plantaban en San Caetano para fiscalizar actas sobre la Feria del Libro de La Habana o exigían a diario facturas que demostrasen el “despilfarro” en mobiliario del bipartito. Con Alberto Núñez Feijóo en la presidencia de la Xunta, las reclamaciones han cambiado de bando y más de 1.000 solicitudes de expedientes formalmente formuladas por la oposición permanecen sin contestar, con el agravante de que no son sobre asuntos menores, sino sobre algunos de los más relevantes de la gestión del Gobierno gallego en estos tres años.

Solo el Grupo Parlamentario Socialista ha formulado 1.005 peticiones, de las que se han contestado 389, por lo que el 61% permanecen sin responder. En cifras similares se mueve el otro grupo de la oposición, el BNG, que no ha cuantificado los expedientes solicitados. En ese grupo de informaciones ocultas figuran algunas de la trascendencia de la auditoría encargada por el Gobierno de Feijóo a KPMG para promover la fusión de las cajas de ahorros, que el presidente tampoco garantiza que se vaya a conocer en la comisión de investigación que el Parlamento impulsará en septiembre

La llamada due diligence para la integración de Caixanova y Caixa Galicia fue entregada el 20 de enero de 2010. Los socialistas tardaron seis días en solicitarla. Lo hicieron ese 26 de enero a través de una solicitud formal firmada por el entonces portavoz del grupo, Xaquín Fernández Leiceaga. Hasta la actualidad. Claro que hay peticiones más antiguas, algunas con más de tres años en lista de espera, como la que realizó el socialista José Manuel Lage para conocer el informe de la Dirección Xeral de Recursos Mariños sobre la variante de Noia, una polémica obra que recuperó la Xunta del PP pese a los efectos ambientales que se le presumen.

Educación no facilita la encuesta a los padres sobre el uso del gallego

Hay solicitudes no tan lejanas en el tiempo, pero más relevantes. Muchas afectan a supuestos informes de la Asesoría Xurídica de la Xunta en los que el Gobierno gallego amparó actuaciones polémicas. Por ejemplo, el que según Feijóo que avalaba el polémico convenio de Barreiros, por el que el Gobierno gallego regularizó más de 3.000 viviendas paralizadas por el bipartito y cuya legalidad cuestionan la fiscalía y un juzgado de Lugo. Los socialistas han utilizado todos los cauces posibles para acceder al dictamen, entre ellos una petición de amparo a la presidencia del Parlamento.

Otra información en su día muy relevante denegada a la oposición es la consulta a las familias que realizó la Xunta en junio 2009 sobre la utilización de lenguas en la enseñanza no universitaria, que presuntamente sustentó el decreto del gallego aprobado por la Consellería de Educación. Los resultados de esa encuesta los solicita el PSOE desde octubre de ese año.

La oposición también reclamó sin éxito copia de todos los expedientes de contratación de las campañas de publicidad institucional de la Xunta durante 2009 y 2010. Tampoco obtuvo resultados la petición de la documentación encontrada por los altos cargos de la Consellería de Presidencia en las sedes de Unións Agrarias, en los registros con los que se intentó respaldar la denuncia del PP de que el bipartito había desviado 640.000 euros al sindicato para pagar campañas electorales del PSdeG. Entre la documentación negada se encuentra el expediente a Construcuatro, de la que era copropietario el diputado del PP Telmo Marín, por cobrar sobreprecios en pisos de protección en el barrio vigués de Navia.