¿Pareja de hecho? Vuelva usted el año que viene

Alfonso Moral y Yolanda Casillas querían formalizar su unión de hecho este verano. Para celebrarlo con la familia. Pero deberán esperar a marzo de 2013. Con suerte: les ha tocado un hueco ese mes, porque el retraso ordinario ya alcanza hasta noviembre del próximo año. “Uno de los testigos que teníamos pensado no podrá estar”, dice resignada la joven madrileña. Acaba de descubrir el colapso del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid, cuyas citas se demoran más de 12 meses ante un aumento de las demandas del 40% en los últimos cuatro años. El incremento se agudizó en 2011 para las alianzas entre ciudadanos de la UE y extracomunitarios, por sus ventajas para estos últimos.

El registro regional de uniones de hecho, que es el único de este tipo en la Comunidad (hay otros 55 municipales), bendijo el año pasado a 3.840 parejas de hecho —no es un trámite obligatorio, pero puede facilitar asuntos burocráticos diversos—, más de un millar por encima de las 2.779 de 2008 y un 20% por encima de 2010 (3.199), según la Consejería de Presidencia y Justicia. Las inscripciones de extranjeros pasaron de 323 en 2010 a 1.657 el año pasado (un 413% más) y apostilla que, desde junio de 2010, una sentencia del Supremo extiende el régimen comunitario a las parejas de hecho de ciudadanos europeos, no solo a sus cónyuges, como hasta entonces.

“Esto no debe confundirse con los procedimientos de nacionalización”, advierte Guillermo Moral, director de Extranjería del despacho de abogados Legalcity. Un extranjero que inscriba su relación en este registro podrá obtener una tarjeta de familiar de comuntario (con cinco años de vigencia y que no exige cotizar para permanecer en España), detalla Moral. Para nacionalizarse, deberá esperar en función de su procedencia (dos años para iberoamericanos, sefardíes, de Guinea Ecuatorial o Filipinas y diez para el resto) o un año si contrae matrimonio con un español, “pero no por hacerse pareja de hecho”, recalca Moral.

La Consejería de Presidencia y Justicia indica que, “a instancias de la Comisaría General de Extranjería y Documentación” se han tomado algunas medidas ante el aumento de parejas en la que alguno de los miembros es extracomunitario. Según detallan, se realizan controles especiales sobre los expedientes que llegan por gestorías, abogados o asociaciones de inmigrantes y se revisan las fechas de los pasaportes (para contrastar con las declaraciones de convivencia), “poniendo en conocimiento de la policía todas las inscripciones sobre las que existen indicios de fraude”.

A las puertas del registro, afectados como Moral y Casillas lamentan los efectos de estos retrasos. Su resignación la comparte Daniel Verdú, un oficial de albañil de 32 años que pretendía celebrar su unión con su pareja este verano y tendrá que esperar también a marzo del año próximo, sin poder contar con algunos de sus familiares. O un investigador italiano de 34 años, que prefiere no dar su nombre, que quiso inscribir su relación con una española ante la llegada de un bebé, “por protegerlo un poco más”, pero la criatura, sin embargo llegó al mundo antes que la fecha de la cita.

También hay quienes coinciden con un buen hueco. Como María Fernanda de Ávila, una boliviana que registrará su pareja de hecho en septiembre, tras haberlo solicitado en mayo. Prefirió inscribirse como pareja de hecho en vez de casarse, en vista de la todavía mayor demora del registro civil, donde tendrían que esperar a mayo de 2014 para casarse. “Ya no creo que lo hagamos, porque con esto paso al régimen comunitario [su pareja es búlgaro], y podemos movernos por Europa, viajar a Estados Unidos y esas cosas”, comenta.

Para “luchar contra el incremento de la lista de espera”, la Consejería de Presidencia señala que se han acortado los tiempos de inscripción por la tarde de 30 a 15 minutos, se ha habilitado una nueva sala en el edificio de Gran Vía, 18, y se ha implantado una tasa [que en está en el marco de las implantadas por el Gobierno regional para recaudar más fondos, ante las dificultades presupuestarias provocadas por la crisis]. También asegura que están estudiando exigir un periodo mínimo de empadronamiento en el mismo domicilio para de ese modo comprobar la veracidad de la convivencia.