Particulares y empresas reclaman 110 millones al Ayuntamiento de Ourense
Las reclamaciones se basan en el "perjuicio económico" por la anulación del PGOM de 2003
El Ayuntamiento de Ourense recibió un total de 35 "reclamaciones patrimoniales" presentadas por empresas y particulares que alcanzan un montante económico de 110 millones de euros y que son consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2003.
La edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Ourense, la socialista Áurea Soto, ha afirmado que el plazo establecido legalmente para la presentación de reclamaciones por "responsabilidad patrimonial", derivadas de la nulidad del planeamiento de la ciudad de As Burgas, "finalizó el pasado jueves" y que el "resultado" son "35 expedientes" que suman reclamaciones por valor de 110 millones de euros.
Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Ourense van "desde los 20.000 a los 40.000 euros" y están basadas en el "perjuicio económico" que, según sostienen, sufrieron como consecuencia de la anulación del PGOM del año 2003 por una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 2011.
La edil de Urbanismo ha manifestado que los servicios jurídicos municipales trabajan con "cautela" y "cuidado" para "defender los intereses del Ayuntamiento de Ourense", por "lo que pueda suponer" esta situación para las arcas municipales en materia económica "durante los próximos ocho o diez años".
En este sentido, ha afirmado que el trabajo de "defensa jurídica técnica" está sustentado en la "legislación del Estado" que se centra en que "la modificación de la clasificación no es indemnizable". Asimismo, Áurea Soto ha indicado que los criterios que se siguen están consensuados con la Xunta de Galicia como "corresponsable" con el Ayuntamiento de la ciudad de As Burgas.
Las reclamaciones patrimoniales a la institución municipal ourensana se suman a los 11 recursos interpuestos contra el acuerdo del Consello de la Xunta en el ámbito de Ordenación Provisional y aquellos recursos judiciales de actos municipales susceptibles de anulación por estar amparados en el PGOM del año 2003.
