El precio de los geriátricos en Galicia creció un 68% desde 2004

“Con ese dinero no se puede vivir ni en casa”. Al otro lado de un teléfono con prefijo pontevedrés, una mujer de mediana edad responde a Susana —nombre ficticio— sobre las posibilidades de que su abuelo, con una pensión de poco más de 600 euros, pueda permitirse una plaza en un geriátrico. “Para esas cuantías puede recurrir a la pública”. En la gran mayoría de los 253 centros privados que operan en Galicia habrían podido responderle lo mismo. Las residencias han incrementado su precio más de un 68% durante los últimos ocho años, mientras las pensiones medias —que ya en 2004 apenas cubrían la mitad del coste— han subido poco más de un 40%. Y cada vez con más frecuencia, los mayores gallegos contemplan cómo sus familias, que hasta ahora sufragaban la diferencia, se ven obligadas a ajustar los pies a la manta para afrontar las inclemencias de la crisis. Muchos vuelven a casa.

A la Galicia más envejecida de la historia se le escapan los hijos por tierra, mar y aire, y su demografía languidece, como reflejan las estadísticas. En dos décadas, el índice de jóvenes por cada 100 mayores ha descendido a la mitad y la población activa ya es minoría frente a niños y ancianos, según los datos del INE. Faltan servicios para tantas arrugas, y los que hay se pagan como artículos de lujo. Sobre todo en la provincia de Ourense, que ha envejecido sin sobresaltos hasta situarse a la cabeza de los índices mundiales. Allí, los precios de hoy no se limitan a duplicar a los de hace ocho años. Optar por un centro privado cuesta un 111% más que entonces, y los 660 euros que de media reciben los pensionistas de la provincia contrastan con los 1.262 euros que cuestan de media las tarifas actuales. En el resto de provincias el incremento se modera, pero no deja de doler. Las facturas geriátricas han escalado en torno a un 68% en A Coruña y un 58,8% en Pontevedra que, con 1.414 euros de media, alberga los centros más caros. En Lugo, las cuentas respiran. En la provincia gallega con menos plazas residenciales casi sabe a gloria una subida que se ha quedado en el 36%.

Los datos sobre geriátricos privados están al margen de las estadísticas cuando su gestión escapa al control público, puesto que la Xunta no ofrece ninguna lista con información de todos los centros autorizados. Solo el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) realiza estudios periódicos en los que escruta los municipios españoles en busca de residencias y, a golpe de telefono, recaba los datos que cada uno está dispuesto a facilitar. Los dos últimos trabajos, que datan de 2004 y 2009, documentan unos 270 centros —públicos y privados— en Galicia, aunque muchos de ellos rehúsan dar cifras sobre precios y plazas.

El importe de un centro privado oscila entre 1.200 y 1.400 euros

En todo caso, las más de 200 tarifas residenciales que figuran en una lista fraguada en tiempos de bonanza, comparadas con las que hoy ofertan los mismos centros, certifican que para echar cuentas ya se quedan cortos los tres dígitos. Los geriátricos achacan al IPC (Índice de Precios al Consumo) el aumento, que las ha elevado desde los 722 euros de 2004 hasta los más de 1.200 euros actuales. Sin embargo, en este período la cesta de la compra en Galicia se ha encarecido 25 puntos y la factura residencial ha volado por encima de dicho registro. Cuando la ecuación se completa con las pensiones más bajas del Estado, el derecho se convierte en privilegio.

Tres de cada cuatro geriátricos son privados en Galicia. De las 17.892 plazas que resultaron del recuento del Imserso en 2011, solo 4.284 eran públicas. La Xunta matiza el dato y, tras añadir las que ofrece en centros concertados, suma 6.687. Sin embargo, para una comunidad donde la población mayor de 65 años supera las 611.000 personas, parece poco más que un parche. La Administración autonómica ofrece nulos datos sobre las listas de espera, pero las historias que guarda cada consistorio las insinúan atestadas de páginas. Algunas de ellas las transcribe Maite Fernández en Piñor, uno de esos municipios de algo más de 1.000 personas en los que cuesta mantener a salvo un secreto. Como responsable de Asuntos Sociales en la localidad, desgrana a media voz la quimera de llegar al 30 de cada mes con las mismas prestaciones pero con menos dinero. Al hablar de solicitudes para residencias públicas, se encoge de hombros. “La mayoría de los candidatos no suele llegar a recibir la plaza”. Casi todos fallecen esperando una carta.

Las tarifas residenciales se han incrementado más del doble que el IPC

A Francisco Fraga, regidor de la localidad, en la Xunta le advierten que no habrá más altas en servicios de dependencia hasta que fallezcan usuarios actuales. Un silencio después, se confiesa inerme ante las desdichas que sus vecinos llevan al mostrador del Ayuntamiento. Uno de ellos esperó durante un año y siete meses una residencia pública hasta que tuvo que optar por la privada con varios achaques de demora. Otros sujetan su dignidad a la bondad de sus vecinos, que asumen los cuidados mientras sus solicitudes descansan en el limbo de la dependencia. Por los despachos desfilan decenas de historias en tercera persona, pero nadie quiere ponerles rostro. Detrás late una idea del sistema residencial en la que usuarios y Administración difieren por completo. Xunta y Gobierno central reducen ayudas para cuidados en el entorno familiar en favor de servicios gerontológicos en centros públicos y concertados, pero las personas mayores se aferran al hogar hasta quedar sin resuello. En los pasillos desnudos que huyen de obstáculos temen perder su autonomía y verse abandonados por sus familiares. Más que sufrir la soledad del hogar, les duele pagar por el calor de un centro.

Con todo, ni siquiera quienes desvisten de tabúes el semblante de un geriátrico encuentran con facilidad su lugar. Con una ratio de 2,8 plazas por cada 100 personas mayores, Galicia ni se aproxima a las cinco que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, no alcanza siquiera la media estatal, que dispone 4,3 plazas para cada 100 usuarios potenciales. Y para una comunidad que, además de avejentada, padece la dispersión, el problema crece ante la distribución de los centros. Más de un 46% de los dependientes gallegos viven en localidades que no alcanzan los 10.000 habitantes, y justo el mismo porcentaje de complejos residenciales se concentra en términos municipales que superan la decena de millar. La paradoja señala, como mínimo, que la promoción de servicios institucionales en Galicia choca con el desarrollo de las personas en su entorno, uno de los principios que fundamentaron la Ley de la Dependencia.

Aunque las residencias no son un recurso exclusivo para dependientes, la normativa de 2006 centra la batalla política. Hay consenso en que la ley nació con objetivos demasiado ambiciosos, previsiones irreales y exiguos presupuestos, pero todos se afanan en tupir con las banderas del otro los orificios por donde el barco hace aguas. Las acusaciones sobre el desmantelamiento de servicios y la desprotección de los mayores azuzan un debate que se prolonga sin fecha. Y mientras sucesivos decretos llenan de asteriscos los derechos, algunos dan la vuelta al colchón por si un geriátrico público ignora sus misivas.