El Gobierno asegura que respetará la actuación del fiscal en la CAM y Bancaja

El Ejecutivo resalta que su relación con el acusador público estará basada en el respeto al principio de la "legalidad e imparcialidad"

El País

Alicante - 02 ago 2012 - 18:06Actualizado: 02 ago 2012 - 18:30CEST

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El Gobierno no interferirá en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en las causas abiertas para depurar posibles responsabilidades penales derivadas de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja. Esta declaración de principios está recogida en la respuesta del Ejecutivo a una pregunta formulada por José María Ángel Batalla, senador socialista designado por la Cortes Valencianas.

Batalla formuló al Gobierno textualmente la siguientes pregunta: "Tiene conocimiento el Ministerio de Justicia de si el Fiscal General del Estado ha realizado actuaciones para depurar todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las Cajas de Ahorro Valencianas (Bancaja y la CAM)".

En su respuesta, el Ejecutivo admite que la Fiscalía Anticorrupción está realizando sendas investigaciones para conocer el "alcance de los hechos y las responsabilidades penales, que pudieran derivar de los mismos". A continuación, el Ejecutivo esgrimió las funciones que de acuerdo con el artículo 124.1 de la Constitución le corresponde al ministerio fiscal, es decir, "la promoción activa de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social".

"Desde el Gobierno", añade la respuesta, "como fue destacado por el Ministerio de Justicia en su comparecencia del 25 de enero ante la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados, existe la firme convicción y el compromiso formal de que la relación entre el Ejecutivo y el ministerio fiscal tenga por base y se sostenga en los principios de legalidad e imparcialidad contenidos en los artículos 124 de la Constitución y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El Gobierno cierra su respuesta al senador socialista incidiendo en que su relación con la Fiscalía estará guiada por "ese profundo respeto a dichos principios [legalidad e imparcialidad]".

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