“Hemos vivido en precario, sin saber si teníamos casa o no”

“Hemos vivido en precario, sin saber si teníamos casa o no”. Manuel Gimeno, propietario en el edificio Helios, en primera línea de la playa de L’Albufereta (litoral norte de la ciudad de Alicante) respira más tranquilo tras saber que la reforma de la Ley de Costas amnistía a este bloque, otros dos más a su izquierda (Edificio Alacant II y Torre Alacant) y otros tres a su derecha (Rocafel, 17, 18 y 19). En total, 800 viviendas.

Los dueños de las casas, presidentes de comunidades de propietarios y dirigentes de asociaciones de afectados por la Ley de Costas de 1988, que los devolvió a la zona de dominio público-marítimo terrestre, valoran de manera positiva la propuesta del Ejecutivo y su inclusión en el selecto grupo de 10 núcleos urbanos que quedan fuera del litigio de la norma y, por ende, liberados de una eventual visita de la piqueta.

Santiago de Munck, presidente de la comunidad de propietarios del edificio Helios, cree acertada la iniciativa, “porque se nos estaba aplicando una norma con carácter retroactivo, que transformó nuestro legal derecho de propiedad en una concesión administrativa”. “Y pone fin al largo proceso de deslinde, por cierto, a día de hoy aún en el aire”, añade De Munck. En esta tesis abunda Teresa Alonso, presidenta de la Asociación de Propietarios de Primera Línea Sol Naciente, que resalta primero la legalidad con la que se levantaron las construcciones ahora amnistiadas. “Estas viviendas han sido siempre legales. Es un núcleo urbano integrado en el planeamiento de la ciudad”, asegura. Para Alonso, la decisión del Gobierno es un punto de partida positivo. “Luego habrá que ver cómo se desarrolla todo el proceso, es decir, el paso de Patrimonio del Estado a la propiedad privada”, comenta. “Pero es mejor solución que ir un complejo proceso de desafectación”, añade.

La unanimidad no es absoluta, Carmen del Amo, también propietaria en Torre Alacant y presidenta de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, critica y rechaza el proceso legalización. “No quiero al Estado en mi cama”, asegura en alusión al proceso intermedio que prevé que las edificaciones pasen a titularidad de Patrimonio del Estado. “¿Quién nos garantiza que se nos va a devolver la propiedad y, sobre todo, qué condiciones pondrán?”, plantea.

La Ley de Costas de 1988 supuso el origen de las amenazas. “Esa ley sí que fue una verdadera confiscación, porque nos quitó la propiedad a cambio de una concesión”, señala Alonso, que agrega el agravio de estas urbanizaciones con el hotel Meliá (de esa época y construido en terreno ganado al mar junto al Postiguet). “El Meliá nunca se vio amenazado por la ley de costas”, critica.