Los jueces proponen suavizar las normas de desahucios y ejecuciones hipotecarias

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, pidió este jueves un cambio normativo que suavice la ley de Procesamiento Civil en el caso de los procesos de desahucios (desalojo de viviendas cuando el inquilino no paga el alquiler) y los lanzamientos por ejecución de hipotecas (en la que el propietario sufre la desposesión de su casa) para adecuarse a la grave realidad de la crisis. “La ley puede y debe ser revisada, hay que estar a la altura de las circunstancias”, aseguró Viguer, después de explicar cómo el número de demandas repartidas en los juzgados de 1ª Instancia del partido judicial de Valencia referidas a ejecuciones hipotecadas había pasado en un año de las 768 registradas durante el primer semestre de 2011 a las 892 de este curso, con un incremento del 16,1%. En cuanto a los desahucios subieron un 10,5%, al pasar de 914 en 2011 a 1.010 este año.

Con estas cifras, la previsión es cerrar el año con 1.784 ejecuciones, un 492% más que en 2006. Por ello, el juez explicó que las normas tienen que estar al servicio de los ciudadanos “y no solamente al de ciertas entidades generalmente poderosas que son las que se benefician de los procedimientos más rápidos, más contundentes y eficaces”. Entre las medidas que propuso está la de subir por encima del 60% el valor mínimo de adjudicación en las subastas o un mayor compromiso en el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que es de aplicación voluntaria.

Viguer también advirtió de que en los próximos meses, los juzgados de lo Social, ya suficientemente saturados, se encontrarán con una avalancha de demandas por despidos a raíz de los grandes expedientes de regulación de empleo (ERE) que espera acometer la Generalitat en las empresas públicas. Según el juez decano de Valencia se podrían recibir entre 4.000 y 5.000 demandas por los despidos colectivos que acometerán empresas como Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que en estos momentos está negociando el despido de 1.295 trabajadores (el 76% de su plantilla), el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que va a despedir a 211 empleados (el 60%), y Ciegsa, que se ha deshecho de 56 de sus 89 trabajadores (62%). Después de verano, el Consell tiene previsto seguir reduciendo las plantillas de otras firmas públicas y echar a la calle a 3.500 trabajadores.

Los 16 juzgados de lo Social de Valencia (excluido el de Ejecutorias) ya soportaron en 2011 una entrada de 1.408 asuntos de media, muy por encima de las ratios recomendadas, cifradas en un módulo máximo de 850 al año en este orden jurisdiccional, con 558 más de lo estipulado (un 65,7%). En los seis primeros meses de este año ya han sufrido un incremento del 2,7% en el número de demandas respecto al mismo semestre de 2011. Pues bien, Viguer alertó de que solo en el sector público empresarial esas 5.000 posibles demandas pueden suponer una media de otras 300 causas adicionales por cada juzgado.

Jueces y fiscales estudiarán medidas de protesta por los recortes salariales

En lo que va de año, las demandas por despido en Valencia se han elevado, según las cifras que dio  Viguer, a 4.297, un tercio más que las registradas en el mismo periodo de 2011, que llegaron a 3.226 causas.

El incremento también se debe a que la nueva ley de Jurisdicción Social supone un trasvase de procedimientos de lo Contencioso a lo Social y ha supuesto 865 demandas adicionales.

Según explicó el juez decano, parece claro que la crisis está disparando la litigiosidad en los juzgados de Valencia, pero no por ello ha aumentado la criminalidad. En todo caso, el único apartado con un incremento sustancial que destacó es el de estafa.

Viguer también aprovechó para poner de relieve la precariedad con la que trabaja la justicia. Así, realizó una “crítica severa” al Ministerio de Justicia porque no se han creado nuevas plazas judiciales (se habló en 2009 de la creación de 150 nuevas para toda España) y que se hayan suspendido las oposiciones, “con el riesgo de perder una bolsa importante de opositores”. Incluso recordó que España se sitúa en el puesto número 36 de 48 países en la relación de jueces por cada 100.000 habitantes.

Viguer explicó que hay que exigir que el sistema judicial “sea una prioridad” para los Gobiernos pues es “un servicio público esencial y parece que a los políticos les parece algo extraño y ajeno ya que no les reporta ningún beneficio”.

Preguntado por la supresión de la paga extra de Navidad a los trabajadores del sector público, el juez decano dijo que se trataba del tercer recorte salarial que sufren en unos años desde los jueces y trabajadores de la justicia, hasta los médicos, los profesores y otros funcionarios. También explicó que el 21 de septiembre se celebrarán juntas generales en todas las sedes judiciales para decidir qué medidas de presión tomar, sin descartar una huelga. Destacó que es la “primera vez en la historia que las asociaciones de jueces y fiscales se han puesto de acuerdo”.