“Es un insulto a la inteligencia ser comunista hoy en día”

La última sesión de la Asamblea de Madrid antes del parón de las vacaciones de verano se ha desmadrado hasta límites insospechados incluso para los políticos. Los diputados regionales se han enzarzado en una bronca política de casi dos horas y media con la excusa de la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. Los discursos más estereotipados del pasado han reaparecido en una jornada en la que, como era de esperar, se rechazaron las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley con 51 votos a favor y 70 en contra.

El run run en la sala se ha comenzado desde el mismo momento en que la mayoría de diputados del Partido Popular, salvo la excepción de la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, y un puñado más de parlamentarios, no se ha levantado en un minuto de silencio improvisado por la muerte de Gregorio Peces Barba. La bancada del PSM, IU y UPyD así lo ha hecho, en contra de los argumentos del PP de que no se había realizado anteriormente en los casos de Manuel Fraga y Gabriel Cisneros.

Las diferencias enconadas de Gobierno y oposición sobre la futura ley de Viviendas Sostenibles tampoco han contribuido a la relajación del ambiente, sino todo lo contrario. La marejada ha terminado siendo de aúpa, y eso que no estaban los 129 diputados: de los ausentes, varios se habían cogido ya vacaciones pese a la trascendencia de una ley que figura en el programa electoral popular y es una prioridad para la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha defendido la nueva normativa con garras y dientes, saliendo a la palestra hasta en tres ocasiones. "Esta ley va a dar valor a las fincas rurales en desuso. Tenemos derecho a una vida saludable en armonía con la naturaleza. Pensamos en el bienestar humano, pero esta ley es beneficiosa para ambas partes", ha proclamado en síntesis la consejera, que según sus cuentas "un 13% de los residentes, dos de cada ocho personas, aspirará en 2016 a tener su residencia fuera de una ciudad".

La respuesta de la oposición ha sido frontalmente contraria. "Con la que está cayendo, los representantes de los madrileños nos reunimos para tratar una ley nula con los problemas de los ciudadanos. Retiren esta ley, como les han pedido más de 300 empleados de la propia Consejería de Medio Ambiente. También opinan así dentro del PP. Este proyecto de ley va en contra del mantenimiento y conservación de la naturaleza", ha apuntado Gabriel López, de UPyD. "Esta ley no es moderna, es del siglo XVII. El suelo es escaso y no renovable, máxime en una región con tanta densidad de población… "El todo urbanizable que llevan en los genes les sale a la mínima que se les rasca. Su proyecto de ley olvida a las personas", ha dicho Antonio Fernández Gordillo, del PSM.

Pero sin duda la intervención de Carmen Villares, de IU, que se ha ido calentando conforme profundizaba en sus argumentos, ha terminado, con un tono subido de decibelios, originando un intercambio dialéctico. “Es una ley criminal contrapuesta al interés general. ¿Seis hectáreas lejos del mundanal ruido, en idílicas dehesas? Es una aberración". “Estamos ante una vuelta de tuerca más del discurso ideológico neoliberal [del PP]. Nos encontramos ante la privatización de la naturaleza. ¡Es un insulto!, ¿qué tienen de sostenibles sus viviendas cuando se construyen con cemento?”, ha proseguido. "¿Se habla de viviendas dignas construyendo viviendas de hasta 900 metros en entornos privilegiados? Esta ley revalida la tesis marxista, es demencial, con 80 desahucios al día y 300.000 casas vacías en la Comunidad. ¡No se necesitan más casitas ni más mamandurrias!", ha sido otro de los hits más célebres de Villares.

La respuesta popular también ha disparado los rumores en la Asamblea, con los diputados jaleándose y abucheándose. "Esta ley da más libertad, piensa en las personas, el medio ambiente y en los pequeños municipios. Si les molesta esta ley el 25 de julio no haber venido. ¡Vengan aquí a trabajar, que es lo que deben hacer!", ha replicado Álvaro González, diputado del PP. "Nos podrían decir que es una ley restrictiva, porque lo hemos querido así. No se va a construir en una zona de alto valor ecológico, como el Hayedo de Montejo. ¡No se puede!", ha seguido adelante con su tesis.

La crudeza del debate no ha desanimado a Mariño a pedir permiso para saltar de nuevo a la palestra a defender su ley. "Es una ley moderna, no entiendo las incongruencias de la oposición. No plantea para nada los requisitos de su queridísima señora Narbona… ¡Escuchen!", ha interpelado a la oposición. Villares ha respondido sacando a la Bakunin que lleva dentro: "¡Estamos ante la lucha de clases, entre a quienes representa el PP y quienes se pueden construir casas de 900 metros y el resto! ¡El PP roba a los madrileños!". "Este proyecto de ley es para unos pocos, no para la mayoría. ¿A quiénes representan, señorías del Gobierno?", se ha unido el socialista Gordillo.

Con el hemiciclo convertido en un coliseo, la respuesta del PP no se ha hecho esperar. "Esta ley permite a todos los ciudadanos disfrutar de una vivienda digna. Y le pido a la señora Villares que retire eso de que el PP roba... ¡Lo que es un insulto a la inteligencia es ser comunista hoy en día!", ha respondido Álvaro González, que también ha disparado al PSM: “¿Que esta ley está hecha para ricos? Lo que es para ricos es pagar 13.000 euros al mes por su sede en Callao”. Para rematar la faena, Mariño ha solicitado a Izquierda Unida que retirase que el PP roba al pueblo. "Ustedes tienen mucho que callar, retiren eso de que el PP roba a los ciudadanos", ha pedido. IU no lo ha hecho, y la última sesión antes del parón de agosto ha terminado con unos parlamentarios que solo coinciden en una cosa: su preocupación por el malestar que perciben en la calle hacia lo que se denomina como casta política.