Orihuela abre siete expedientes sancionadores a Fenoll por su vertedero

La concejalía de Urbanismo de Orihuela ha abierto siete expedientes sancionadores a la empresa Proambiente, propiedad del industrial Ángel Fenoll imputado en el caso Brugal, por realizar actividades sin licencia en la parte del vertedero que explota que se encuentran en el término municipal de Orihuela. Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, quien ha detallado que la empresa podría haber cometido “siete infracciones muy graves al carecer de las licencias que necesita para ejercer su actividad en el término de Orihuela”.

Según el deslinde elaborado por el Centro Nacional de Información Geográfica y los informes realizados por la Policía Local en funciones de policía administrativa, Proambiente ha instalado en Orihuela el acceso a las instalaciones y la báscula de pesaje de vehículos, el taller mecánico y el lavadero, un aparcamiento de maquinaria de la empresa, una sala polivalente, un núcleo zoológico, dos depósitos de gasoil y unos vasos clausurados. Ambos informes serán remitidos a la Generalitat Valenciana.

Zapata ha avanzado que la resolución del expediente podría implicar multas económicas que van de los 50.001 a los 300.000 euros, así como el cierre definitivo del vertedero. Asimismo, ha anunciado que Urbanismo ha abierto las medidas cautelares para suspender temporalmente la actividad de Proambiente al entender que esta perjudica a la salud de los vecinos de La Murada y el medio ambiente de las zonas que rodean las instalaciones del vertedero.

Peligro para la salud

“En Urbanismo no hay licencia ambiental ni ninguna otra que permita a la empresa llevar cabo su actividad”, ha dicho el concejal al tiempo que ha explicado que “existe documentación que pone de manifiesto que se producen vertidos de lixiviados que podrían ser peligrosos para la salud de las personas y el medio ambiente”. “Este Ayuntamiento se ha puesto a trabajar en la defensa de la legalidad y de los ciudadanos que sufren los perjuicios de un vertedero ilegal y de instalaciones anejas ilegales que carecen de licencia”, ha añadido.

 Asimismo, ha explicado que, en 2008, Proambiente solicitó a la concejalía de Urbanismo un certificado de compatibilidad urbanística “para poner determinadas instalaciones en un determinado suelo”. “Ese certificado se pidió para instalar la nave por la que hoy abrimos expediente”, ha explicado, del mismo modo que ha señalado que el informe, que era desfavorable, fue firmado por la exalcaldesa Mónica Lorente. “Alguien o algunos sabían que esta empresa pretendía instalarse en La Murada sin poder hacerlo y no hicieron nada. Han consentido que se haya estado perjudicando a los vecinos y que una actividad ilegal haya campado a sus anchas sin control”, ha apostillado en referencia al anterior equipo de gobierno.