El PNV ve justa la condena del ‘caso Bravo’ y el PSE le pide explicaciones

PNV y PSE-EE buscaron su propio argumento para valorar la sentencia del denominado caso Bravo, que se conoció ayer. Mientras los nacionales califican de “justa” la sentencia que ha condenado a José María Bravo y a su exmujer por el fraude de la Hacienda de Irún (Gipuzkoa), los socialistas no desaprovechan la oportunidad de pedir al PNV “las explicaciones que aún no ha proporcionado sobre su forma de gestionar la Hacienda foral”.

En sendos comunicados, ambos partidos analizaron la sentencia facilitada horas antes por la Audiencia de Gipuzkoa. En su nota, el PNV se ha mostrado satisfecho con la resolución judicial, al entender que la gravedad de los hechos “requería” de una sentencia de esta “contundencia”. En su valoración, los nacionalistas recuerdan que siempre han defendido “un principio de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos. Creemos que es imprescindible perseguir hasta las últimas consecuencias los delitos cometidos contra el erario público”.

Además, el PNV recuerda cómo puso estos hechos ahora denunciados en conocimiento de la Fiscalía cuando se encontraba al frente del departamento foral de Hacienda.

La crítica del PSE-EE

Precisamente esta responsabilidad política fue aprovechada ayer por la portavoz del PSE-EE en las Juntas de Gipuzkoa, Rafaela Romero, para incidir en que la sentencia “ha evidenciado que la gestión del PNV al frente de la Hacienda foral dejó mucho que desear”.

Para Romero, “resulta sorprendente que no saltasen las alarmas de la Hacienda guipuzcoana ante lo que estaba sucediendo” y que “resulta sorprendente que ningún responsable supiese lo que estaba pasando”. La portavoz juntera tampoco oculta “un cierto sentimiento agridulce” con la resolución porque, aunque la pena impuesta es “importante”, dista "bastante" de las condenas que solicitaron la Fiscalía y la acusación particular que ejercieron las Juntas Generales y la Diputación.

Por su parte, según recoge Efe, Aralar cree que esta sentencia “debe servir de acicate para luchar de manera efectiva contra la corrupción”, y EA, a su vez, desea que la resolución judicial “sirva para impulsar un compromiso claro y rotundo con la transparencia desde todas las instituciones”.