Cirugía a la justicia

I.— Recuperar la credibilidad es expresión que viene repitiéndose desde hace algunos días, recuperando la memoria colectiva desde hace algunos años, por parte de quienes continúan teniendo alguna responsabilidad en el “entramado” de la justicia. Entramado es feliz expresión de lo que la justicia tendría que aspirar a ser, en tanto que hacer “trama” significa generar confianza, unir esfuerzos, evitar imperfecciones, sostener mutuamente el Estado de derecho.

¿Quién perdió la credibilidad? Me permito pensar que el “poder judicial”, órgano desmesurado, interesado, incapaz, indefinido, opaco, incomprensible desde la óptica de la división de poderes, sin ejercer ninguno.

II.— La historia del Consejo no es una historia de claroscuros, sino de fundido a negro: como órgano político, viene sirviendo para colocar los peones de cada cual para neutralizar las capacidades de todos; como órgano representativo, no ha posibilitado más que la de unas minorías de una sociedad jurídica-judicial, cercanas a lo tribal; como órgano de gestión, carece de autonomía económica, que lastra sus capacidades, que tiene que compartir con el gobierno central, los autonómicos, locales, corporativos, sindicales, etc.

Nada nuevo, si recordamos la profecía del magistrado del tribunal supremo italiano, Lococo, tras su paso por el Consiglio Superiore della Magistratura, modelo del nuestro (Reflexiones sobre el juez en una democracia, en Jutjats, Boletín Juzgados de Valencia 18/93): “El poder judicial se ejerce por cada uno de los jueces. El Consejo, no ejerce poder judicial, no pertenece al poder ejecutivo, ni al legislativo. Ha arrebatado una porción de gobierno a quien tiene la responsabilidad de gobernar el Estado, y la ejerce sin ningún derecho de representación ni responsabilidad política. Crear un poder trae consigo, ineludiblemente, el despertar de muchas codicias para conquistarlo”.

III.— El desprestigio del Consejo arrastra a otros:

» A la justicia, pues la ciudadanía se encuentra confundida y los integrantes del Poder Judicial descreídos.

» A las instituciones de la justicia, dirigidas por quienes aquellos designaron con oscurantismo y complicidad deplorables.

» A la necesaria fuerza moral que ha de transmitir la última decisión de cualquier conflicto entre partes, para estar revestida de auctoritas, que no sólo de poder.

» A la estabilidad política, en tanto la pérdida de la confianza ciudadana sólo genera tensión y desprecio hacia todo poder.

» A todo profesional que tiene a la justicia como objetivo, instrumento, escenario o modo de vida, que acaba conviviendo con la desmoralización.

IV.— La recuperación de la credibilidad pasa por cinco comportamientos anudados, según mi parecer:

1.— Imprescindible ser generosos: que exige dar un paso atrás por quienes están sosteniendo lo insostenible.

2— Reconocer el fracaso de un sistema, que sólo ha demostrado cómo se puede llegar donde nadie esperaba desde 1985 hasta el día de hoy, en una escalada de desprestigio proverbial. Basta recuperar la historia pespunteada de incompetentes personajillos, algunos carne de presidio, que han dirigido sus pasos.

3.— Ser honestos con los datos: el Consejo tiene asignados 71 millones de euros de presupuesto (el 0,055% del Estado); sus competencias cuantificables económicamente —además del reparto de dignidades que da poder— alcanzan la selección y preparación de aspirantes a la carrera judicial, formación de jueces, inspección, publicación de resoluciones y organización de eventos, intercambios y viajes (1,1 millón para 20 vocales frente a los 3,4 millones para 5.200 jueces); con importante partida para sustento de una sobredotada estructura organizativa, sin olvidar el mantenimiento del mando con presidente y 20 vocales, más y mejor pagados que los ministros del Gobierno, con competencias difusas, interrelacionadas, neutralizantes e ineficientes.

4.— Pensar en otro modelo. Mi reflexión va más bien por el cambio de modelo del órgano, aun cuando el calado de su configuración pudiera alcanzar una reforma orgánica, sin miedo al ERE derivado.

La cuestión no está en quien elige, sino para qué. La consecuencia que Lococo ofrecía era que “No se trata de arrebatar el gobierno a unos para encomendárselo a otros, sino, a la vista de que el poder judicial es independiente y esa es la función más relevante a proteger, debe reducirse al mínimo la necesidad de gobierno, haciendo lo posible por reglamentar por ley la carrera, preparar mecanismos automáticos de resolución de los procesos y distribuir el poder residuo sin tanto protagonista”. Y si hay que modificar alguna ley orgánica, aún será más razonable y económico que mantenerla zaherida en permanente situación de cuidados intensivos.

5.— De igual modo, el proceso requiere como mínimo de cinco pasos clínicos:

a) La cirugía reparadora tiende a detectar y eliminar todo componente maligno, expansivo o corrosivo que amenaza de muerte (otra vez Lococo).

b) El periodo UCI resulta imprescindible para:

» Mantenimiento de las constantes vitales con la conveniente monitorización.

» Hacer profilaxis de la infección, incluso con antibióticos, aquilatando con seriedad, honestidad y profesionalidad el ámbito de las competencias necesarias, que no puedan ni deban ser compartidas.

» Mantener un correcto estado de nutrición, adecuando el grosor del órgano y sus perfiles a dimensión eficiente, presupuesto inexcusable para la negociación de la autonomía económica. El tejido adiposo genera riesgos e imperfecciones.

» Procurar una correcta hidratación (goteros) y reposición de pérdidas (iones, electrolitos, plasma, sangre...), integrando todos los esfuerzos y capacidades en fortalecer la independencia y la capacidad de servicio.

» No descuidar el factor psicológico del paciente que se encuentra muy enfermo y aislado del mundo exterior, ni el trato humano que debe presidir cualquier actuación, como sistema de motivación, incentivación y remoralización.

» Tratar posibles complicaciones que puedan surgir, mantener una buena sedación, y afrontar el dolor, pues la pérdida de privilegios lo augura.

c) No debe asustar el paso a planta, aun cuando se avecinen graves resistencias de retaguardia o injerencias indeseables de partidos y asociaciones que en este poder quieren su asiento.

d) Deseable será el alta hospitalaria, aun cuando se mantenga el tratamiento ambulatorio por la necesidad de una periódica revisión, identificación y consecución de objetivos, característicos de toda convalecencia. Ello permitirá ajustar y aprobar el nuevo sistema y perfil del órgano, que va a requerir una correcta elección, en todo caso pública o parlamentaria, de su líder —como en cualquier órgano de gobierno de Estado, institución, partido o corporación—, quien deberá dotarse del equipo cohesionado según las cuotas constitucionales para pensar y gobernar, y al que necesariamente se le podrá exigir la dación de cuenta, diseñando mecanismos de control y remoción por sus incumplimientos o ineficiencias.

Seguir a mesa y mantel con un sistema que propicia el desleimiento de responsabilidades, la intrascendencia de la vacuidad, la arbitrariedad electiva o la desmesura del gasto injustificado, entre tantas lindezas, obliga a un pensar diferente, que tiene acomodo en el artículo 122 de la Constitución —aun cuando deban hacerse ajustes en otras leyes orgánicas—, incluso aunque no coincida con el que sigue proponiéndose ante cada sobresalto que del Consejo proviene.

e) Con toda certeza se obtendrá el alta definitiva, en la que no deberá faltar un buen control periódico, ajustado a los parámetros exigibles que cualquier gran organización se ha dotado desde hace largo tiempo, que evalúe y motive, ponga remedio, sancione y favorezca que la justicia obtenga la credibiliodad que otros advenedizos le están haciendo perder.

José María Tomás Tío es miembro de la Fundación por la Justicia.