La calle es nuestra

Fátima Báñez cree en la Virgen del Rocío como motor económico. Estos días nos ha dicho que también cree en los buenos españoles.

El problema es qué entiende la ministra de Empleo por buenos españoles. Aunque podemos suponerlo: son todos los que dicen amén a la agresión social más brutal que haya sufrido este país en democracia. Los que han bendecido con sus aplausos o su silencio el último plan de ajuste del Gobierno, que amenaza seriamente la paz ciudadana.

Todos los demás seríamos malos españoles. Y esos, ¡que se jodan!, por seguir la consigna de su compañera de partido, la falsamente arrepentida Andrea Fabra.

Se ha escrito mucho sobre el último hachazo de Rajoy. Algunos creen que es una enmienda a la totalidad del programa con el que ganó las elecciones. Porque está haciendo lo contrario de lo que prometió. No comulgo con esa opinión.

Porque, salvo la subida de impuestos (IRPF, IVA), ordenada por Bruselas, todo lo demás forma parte del ADN ideológico de la derecha española. El problema es que, en la campaña electoral, Rajoy y los dirigentes de su partido mintieron como bellacos. Ocultaron su verdadero programa, que están ejecutando con total impunidad, por ahora.

La derecha se ha propuesto romper el consenso alcanzado en la Transición sobre el modelo de Estado social y autonómico con la idea de transformarlo en un Estado regido por un ultraliberalismo salvaje en el que el capital financiero y los mercados se muevan con absoluta libertad. Sin controles y sin restricciones.

En esa dirección van encaminadas todas las medidas adoptadas por Rajoy. Desde la reforma laboral, a la amnistía fiscal o la libertad total de horarios comerciales. El Gobierno está transformando este país a golpe de decreto con el propósito de cumplir su programa máximo: adelgazar el Estado, privatizar los grandes servicios públicos (sanidad y educación), anular a los sindicatos, entregar todo el poder a los empresarios, reducir las políticas sociales: dependencia, becas, pensiones, prestación por desempleo... Es decir, cambiar el modelo social.

En segundo lugar, el Gobierno de Rajoy está desarrollando una calculada política de acoso a las comunidades autonómicas y al municipalismo, a los que culpa de todos los males que aquejan al país. A las primeras les recortan o eliminan competencias por la vía expeditiva de la asfixia económica. Al municipalismo le amputarán el 30% de sus concejales electos.

Por ello, es acertada la denuncia del presidente andaluz, José Antonio Griñán, de que se intenta “doblegar de manera autoritaria” a las autonomías. Y afirma rotundo que “no vamos a tolerar que cambien el modelo social y territorial”.

Porque Rajoy exhibe la crisis como coartada para devaluar las autonomías. Es una excusa burda. La verdad es que la derecha nunca creyó en el Estado autonómico ni en la autonomía municipal. De eso, en Andalucía sabemos mucho. Lo sufrimos: recuerden el 28-F.

No es extraño por ello que haya sido en Andalucía donde han saltado las alarmas ante la transformación subrepticia del modelo pactado en la Transición. Han sido los socialistas andaluces quienes han convencido a Rubalcaba de que modificara su estrategia de oposición blanda y de inútil oferta de pacto. Ahora, el PSOE respaldará las movilizaciones que convoquen los sindicatos, ante el “fraude democrático” perpetrado por el PP, en palabras de Cándido Méndez.

Porque “ha llegado el momento de plantarse”, concluye el vicepresidente de la Junta Diego Valderas. Y de “montar un frente social”, como pide Manuel Pastrana (UGT).

Rajoy tendrá el BOE. Pero los damnificados por sus medidas tienen la calle. Seamos, pues, malos españoles, de los que no le gustan a la ministra Báñez, y tomemos la calle. Ya no es de Fraga. Es nuestra. Y es la única opción que nos han dejado.