La exdirectora de la CAM dice que su sueldo y pensión los fijó la caja

María Dolores Amorós, exdirectora general de Caja Mediterráneo (CAM), se desvinculó este viernes ante el juez de cualquier responsabilidad en las irregularidades contables de la entidad que abocaron al Banco de España a intervenirla y aseguró que no tomó ninguna decisión que pusiera en riesgo la solvencia de la extinta caja. La exdirectiva mantuvo que su sueldo de 590.000 euros y la pensión vitalicia de 369.000 euros los fijó la entidad.

Javier Gómez Bermúdez, magistrado de la Audiencia Nacional, tomó declaración a Amorós por espacio de tres horas en calidad de imputada por supuestos delitos societarios, estafa y alteración del precio de las cosas.

Amorós accedió al cargo de directora general en diciembre de 2010, en la recta final del frustrado proceso de fusión de la caja alicantina con Cajastur.

En septiembre de 2011, el Banco de España acordó su cese fulminante por falsear los balances de la entidad para ocultar las pérdidas. También fue acusada de adjudicarse ilegalmente una pensión vitalicia y de pactar su sueldo con el expresidente del consejo de administración, Modesto Crespo, a espaldas de los órganos de control de la caja.

El letrado de la exdirectora general, en declaraciones a la agencia Efe, señaló que Amorós solo estuvo ocho meses al frente de la caja y que en los cuatro primeros sus funciones estuvieron delegadas en el consejo del SIP (Sistema Institucional de Protección) y en los cuatro siguientes, “supervisadas por el Banco de España”. Sobre su sueldo y la pensión vitalicia, siempre según esas fuentes, negó que hubiera alterado sus retribuciones.

Niega que diseñara las preferentes como dijo al juez otro exdirectivo

La exdirectiva rechazó que impulsara las cuotas preferentes y participativas para obtener liquidez ante el boicoteo del mercado financiero mayorista, en contra de lo que esgrimió ante el juez otro imputado, Teófilo Sogorb, exdirector de Planificación, el pasado martes.

La acusación particular que ejerce la Plataforma CAM, un colectivo de afectados por la compra de cuotas participativas, no logró arrancar ni una palabra a la exdirectora general.

Fuentes de Plataforma CAM aseguran que Amorós se desmarcó de cualquier responsabilidad en la gestión de la entidad y dijo no saber nada de los fallidos proyectos urbanísticos de la caja, como la macrourbanización Polaris World de Murcia.

El juez ya ha interrogado a cuatro miembros de la cúpula de la extinta CAM. Entre ellos, el expresidente del consejo de administración, Modesto Crespo. El próximo jueves está citado el exdirector general Roberto López Abad.

Amorós recurrió su despido ante el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante y solicitó la restitución en el cargo con todos sus derechos o, en su defecto, una indemnización de diez millones de euros por supuesto lucro cesante.

La magistrada rechazó sus pretensiones y aseguró: “Dicha conducta [la atribución de la pensión vitalicia], por sí sola, es merecedora del máximo reproche y sanción frente a la demandante”.