El BNG tumba el plan de Caballero de recurrir el área metropolitana

"Esta ciudad no paga traidores". Como si Vigo fuera Roma, el concejal de Gestión Municipal, Carlos López Font, atacó al principal grupo de la oposición (PP) a cuento de la ley de Área Metropolitana en un pleno tenso que debatía una propuesta socialista para recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Desde su aprobación en el Parlamento gallego gracias a la mayoría absoluta del PP, la ley se ha convertido en la munición de la guerra entre el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y el del alcalde socialista Abel Caballero. El regidor, que no duda en llamar “talibán”, al presidente de la Xunta en cuanto tiene ocasión, asegura —y así lo avala el informe jurídico del secretario municipal—, que la norma contraviene el Estatuto de Autonomía, además de que “no cumple las directrices de ordenación del territorio”.

Al Gobierno de Vigo le valdría “la misma norma que tiene Barcelona”, que reconoce a la ciudad condal un peso político del 48% como cabecera de su zona de influencia. Sin embargo, la ley gallega establece que Vigo solo tiene mayoría en la asamblea, y no en la junta de Gobierno, donde su peso es similar al del resto de ayuntamientos, por pequeños que sean. “Tenemos un representante por cada 12.381 habitantes y Fornelos, uno por cada 2.002 habitantes”.

Para recurrir ante el alto tribunal Caballero necesitaba de una mayoría absoluta que no logró ayer. Los 11 del grupo municipal del PSdeG (incluido el de la concejala Carmela Silva, que votó de forma telemática) no fueron suficientes porque a los 13 del PP se sumaron las tres abstenciones del BNG. Su portavoz, Santiago Domínguez, manifestó que está en contra “de la guerra de poder”, entre los dos partidos. “No entramos en la batalla del PP, que está más interesado en quitarle el poder al alcalde que en resolver los problemas. Tampoco entramos en la del PSOE porque la cuestión es, ¿si fuera Constitucional, aceptarían la ley?”, se preguntó el portavoz nacionalista. “El problema no es su constitucionalidad, sino que es una mala norma para Vigo y tenemos que cambiarla”.

Los populares se centraron en que “tuvo un alto grado de consenso”, porque “el 60% de las enmiendas de la posición fueron aprobadas”, y tacharon de “interesado”, el informe externo elaborado por el abogado Luciano Parejo, que colabora con la Fundación Ideas del Partido Socialista.

La pelea estaba servida. “¿Por qué tienen ustedes miedo a que el Tribunal Constitucional actúe?”, espetó Font en el turno de réplica. “Si están convencidos de que la norma es Constitucional voten a favor de iniciar el procedimiento. Lo que ocurre es que usted, señor Figueroa, quiere ser candidato y es capaz de vender esta ciudad para complacer al señor Feijóo”. El PP se ciñó a la que ha sido su línea argumental bajo la presidencia de Caballero: su supuesto interés personal por el poder. También atribuyó al alcalde un afán de torpedear cualquier tipo de colaboración con el resto de ayuntamientos al hacer imposible la gestión de servicios ampliando las concesiones municipales.