Carlos Fabra como alfa y Rafael Blasco como omega

La herencia política de Francisco Camps es cuantificable. Quien presumió de haber incrementado la mayoría absoluta del PP hasta los 55 escaños también puede atribuirse el mérito de haber incluido el perfil de 11 parlamentarios involucrados en distintas causas judiciales en el grupo parlamentario.

Seis ya están formalmente imputados (Angélica Such, Vicente Rambla, David Serra, Milagrosa Martínez, Yolanda García y Ricardo Costa), tres para los que se pide la imputación en el Tribunal Superior de Justicia (Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Rafael Blasco), uno que está procesado (Ángel Hernández Mateo) y una está siendo investigada (Maite Parra).

Sin embargo, no son los diputados los únicos cargos que están pendientes de los juzgados.

Carlos Fabra, la alfa de los escándalos de corrupción de los populares valencianos, tiene pendiente el juicio ocho años después de ser imputado por delito fiscal y tráfico de influencias.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, o la ex alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, imputados en el caso Brugal, también están pendientes de las actuaciones judiciales. Igual que los responsables de la CAM, que hoy empiezan a declarar, y los dirigentes del Banco de Valencia y de Bankia —entre los que figura el ex presidente de la Generalitat del PP José Luis Olivas—, imputados por la Audiencia Nacional.

Un puzle de escándalos ya encarrilados en los juzgados que no ha dejado de complicar la gestión del actual presidente de la Generalitat. Alberto Fabra se ha visto obligado a realizar excepciones a la norma tan pronto proclamó: “Todas aquellas personas que estén involucradas en algún proceso judicial van a tener que dejar sus responsabilidades en la Administración”.

La primera de ellas, la de su mentor Carlos Fabra, que este fin de semana se retirará de la primera línea política al abandonar la presidencia provincial del PP de Castellón. Sin embargo, Carlos Fabra no tiene previsto abandonar la presidencia de Aerocas, la empresa de la Generalitat que gestiona el aeropuerto sin aviones de Castellón, y Alberto Fabra no piensa pedirle la renuncia a sus responsabilidades en la Administración.

En cambio, el secretario autonómico de Turismo Luis Lobón, sí fue destituido de manera fulminante tras ser imputado en el caso Urdangarin y arrastró en su caída al director del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela, imputado en el mismo caso semanas antes.

El caso de Carlos Fabra no es el único que complica la pretensión del jefe del Consell de hacer limpieza dentro del PP.

Las peticiones de imputación al Tribunal Superior de Justicia de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el caso Brugal, y del portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, por las irregularidades en las ayudas a la cooperación, se han convertido en los últimos obstáculos que ha encontrado el presidente de la Generalitat.

Especialmente complicada es la situación de Blasco, que en los últimos años de gobierno de Francisco Camps se convirtió en el último recurso del expresidente para frenar los escándalos de corrupción que afectaban al Consell y evitar que el Grupo Popular saltase en añicos. Ahora él mismo, convertido en omega de los escándalos de corrupción del PP valenciano, es uno de los principales quebraderos de Alberto Fabra, que ha exigido que presente su dimisión como portavoz tan pronto sea imputado formalmente.

La naturaleza del caso —en el que hay indicios de que se saquearon fondos públicos para proyectos como la lucha contra el sida o la explotación infantil— supone un desgaste adicional para el presidente de la Generalitat, que se juega en la gestión de la corrupción su futuro en el PP.