La comisión de investigación de los ERE atrasa un mes las declaraciones

Frenazo a la premura. Las comparecencias ante la comisión de investigación de los ERE fraudulentos en el Parlamento andaluz, que estaba previsto empezasen el 23 de julio, se van a retrasar al menos un mes (serán a finales de agosto o a principios de septiembre). Así lo anunció ayer el presidente de la comisión, Ignacio García (IU).

Este alegó como razón del retraso los problemas para conseguir las direcciones de los comparecientes y poder entregarles las citaciones. Además, la comisión se ha enfrentado a retrasos en la entrega de documentación por parte de la Junta, entre otras Administraciones, una información básica para que los interrogatorios permitan arrojar luz sobre el caso de corrupción.

Sin embargo, este retraso en el inicio de las comparecencias no supone a priori que la comisión acabe más tarde de finales de septiembre. “Con 10 días debería bastar para los 25 comparecientes. De todos modos, no pasa nada si una vez concluida, se habilitan otros 10 días. Aunque no se trata de que sea eterna”, puntualizó ayer García.

El PSOE pretendía que la comisión durara solo dos meses pese a su complejidad, mientras que el PP buscaba ampliarla hasta los seis meses. Finalmente, la duración impuesta fue de tres meses, tal y como avanzó IU, convertido en árbitro pese a ser el grupo minoritario del Parlamento.

Mañana se decidirá el nuevo orden de comparecencias en función del renovado calendario, que se iniciará como muy pronto a finales de agosto. De momento, los resultados de la comisión son inciertos.

PSOE e IU limitaron a 25 los comparecientes previstos: los políticos representan una veintena (el 80%) y es previsible que aleguen desconocimiento sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, que autorizó un fondo de 1.217 millones a lo largo de una década, sin apenas controles y con un amplio margen de discrecionalidad. El PP llegó a proponer hasta 135 personas para aclarar el escándalo, pero la cifra fue rechazada por IU y PSOE hasta reducirla a una quinta parte.

“Se ha producido una dificultad superior a la prevista”, matizó García sobre el escollo de encontrar las direcciones de los comparecientes y recibir los documentos, dificultad que ha obligado a considerar demasiado precipitado comenzar en solo dos semanas. Los comparecientes deben disponer de 15 días para preparar su intervención ante la comisión. “Por encima de todo está el buen funcionamiento de la comisión”, subrayó García.

El pasado viernes aún no se le había notificado su citación a la mitad de los cargos que deben acudir, entre ellos el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.

El presidente de la comisión resaltó ayer que el órgano se ha topado con la ley de protección de datos para disponer de las direcciones de las personas. “Hubiera ayudado que los distintos grupos parlamentarios facilitaran las direcciones de los comparecientes”, lamentó García. Ni siquiera el PSOE, partido interesado en que estas comenzaran cuanto antes, entregó el listado con domicilios.

El portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, afirmó que tanto PSOE como IU pretendían “imponer un rodillo a la comisión exprés, pero se han dado de bruces contra la realidad”. Ante una instrucción que acumula 16.000 páginas y otros 200.000 en anexos aportados por la Junta, se han previsto hasta tres comparecencias por día, por lo que cada turno apenas podrá superar las dos o tres horas. “La experiencia lo irá diciendo”, aseguró García al respecto.

Tras el examen de la documentación en julio y agosto llegarán las comparecencias, la redacción de conclusiones y un documento síntesis con votos particulares de los grupos como dictamen de la comisión.