Fabra se muestra incapaz de depurar a los imputados

La decisión de excluir a un diputado “corresponde al Grupo Popular y el Grupo Popular no tiene previsto adoptarla”. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, llegó a esta tautología para justificar que el PP no haya expulsado del grupo parlamentario a Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado autonómico y exalcalde de Torrevieja, que se sentará en el banquillo para afrontar peticiones de hasta tres años de cárcel. Ciscar apuntó, en defensa de la actitud adoptada por el jefe del Consell y líder del PP valenciano, Alberto Fabra, que Hernández Mateo dejó de ser dirigente local del PP, pero no supo precisar dónde están las líneas rojas de su compromiso de “tolerancia cero con la corrupción”.

Ciscar transmitió este viernes la viva imagen de la impotencia ante lo que un periodista describió como “una epidemia” de imputados en el PP. El vicepresidente del Gobierno valenciano reiteró en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el compromiso de Fabra en la lucha contra la corrupción, pero añadió que no actuará contra los diputados del PP que están imputados porque no tiene potestad “legal” para hacerlo.

Una lluvia de preguntas sobre la presencia en las Cortes Valencianas de una decena de diputados acusados de diferentes delitos de corrupción puso a Ciscar a la defensiva después de que, en apenas una semana, los jueces responsables de las respectivas investigaciones hayan pedido al Tribunal Superior de Justicia imputar al actual portavoz popular en la Cámara, Rafael Blasco, por el saqueo de las subvenciones de cooperación cuando era consejero, y a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, por el amaño del Plan General de Ordenación Urbana.

Los jueces piden la imputación de Blasco, Castedo y Alperi, y Hernández Mateo tiene abierto juicio oral

“El presidente no tiene posibilidades legales en el caso de los cargos electos”, reiteró Ciscar, que llegó a alegar: “Ninguno ha sido condenado, quiero dejarlo claro”.

Según Ciscar, Fabra “actúa plenamente” en el Gobierno y en el partido, donde tiene “potestades”. En este último ámbito, anunció que, una vez terminen los procesos congresuales provinciales, se constituirá el comité regional de derechos y garantías, “que es el que tiene la potestad de decidir en este tipo de actuaciones”.

“Nosotros respetamos la autonomía de los grupos municipales, otra cosa son los estatutos del partido, donde se van a poner en marcha mecanismos” encaminados a estas situaciones, explicó el vicepresidente, que no concretó en qué consistirán estas medidas.

En referencia a los casos de Blasco, Castedo y Díaz Alperi, pendientes de imputación por el TSJ, insistió en que los autos judiciales que señalan la existencia de indicios delictivos son un “trámite procesal” que no implica necesariamente la imputación final de los afectados. Ciscar pidió respeto a la presunción de inocencia y garantizó la “máxima colaboración” del Gobierno valenciano con la Justicia.