El juez acusa a Castedo y Alperi de hacer un PGOU a medida de Ortiz

La implicación de los dos últimos alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, en la trama político-empresarial que indaga el caso Brugal subió este jueves otro escalón judicial: Ambos han pasado de estar acusados por el Fiscal Anticorrupción de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a la medida de los intereses urbanísticos del promotor Enrique Ortiz a serlo por los mismos hechos por el juez que instruye esta causa.

El titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, acusa a la alcaldesa y al exregidor de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.

El magistrado ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana “por concurrir la necesidad de imputación formal de Alperi y Castedo”. Será el alto tribunal el que decida finalmente si imputa a la regidora y su antecesor, ambos diputados autonómicos, por ser aforados.

En su escrito de motivación razonada remitido en la mañana de este jueves al TSJ, el juez asegura: “[...] Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular”.

El TSJ designa al juez Climent, el que juzgó a Camps, instructor del caso

Tras conocer la resolución del magistrado, la oposición municipal se aprestó a exigir la dimisión de Castedo. “No piensa dimitir”, respondieron fuentes del entorno de la regidora. Tampoco la dirección de los populares valencianos ha dado hasta ahora ningún paso explícito encaminado hacia la destitución de Castedo al frente del Gobierno de Alicante. El PP espera a la imputación formal de la regidora para exigirle su renuncia.

El promotor Ortiz está imputado en esta causa y en otras piezas del sumario general caso Brugal, como la que indaga un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll por la basura de La Vega Baja.

El supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz tuvo lugar en la recta final del trámite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobación provisional del documento por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento aún no ha sido autorizado por la Generalitat.

El TSJ ha designado ya al magistrado Juan Climent como instructor de esta causa. Climent presidió el tribunal que juzgó al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el juicio por los trajes.

El juez Manrique Tejada considera que Ortiz hizo valer su influencia y amistad sobre los dos alcaldes del PP para conseguir datos secretos del Plan General relacionados con varios proyectos en los que tenía interés, entre ellos, la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules CF. Tanto el campo como el equipo de fútbol son propiedad del promotor.

La policía cifró el supuesto pelotazo de Ortiz en 120 millones de euros

El magistrado resalta que Ortiz, merced a esa información privilegiada, pudo acaparar suelo protegido en las zonas que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo PGOU para luego trasvasar la edificabilidad a otras áreas urbanas de la ciudad. “Respecto al beneficio económico de la revisión del planeamiento el mismo se podía obtener no sólo por la posible compra de suelo no urbanizable reclasificado en urbanizable, sino también por la adquisición de suelo no urbanizable reclasificado como parque natural y adscripción a una u otra zona de suelo urbanizable”, razona el juez.

La policía cifra ese supuesto pelotazo del promotor en 120 millones de euros. Para estas operaciones, Ortiz se valió de José Cortina y Juan Zurita, exdirectivos de Bancaja y Daniel Gil, de la CAM. Los tres están imputados en la causa. Ortiz realizó las principales compras de suelo protegido en el humedal de Agua Amarga y las de suelo urbano en la zona de la Condomina.

En cuanto al delito de cohecho en el que pudo incurrir Castedo, el magistrado se remite a los informes policiales y destaca dos viajes a Andorra en 2008 supuestamente pagados por Ortiz y el regalo de un coche modelo Mini Cooper, también propiedad de Ortiz, a una amiga personal y actual asesora de la edil.

Sobre los viajes, Castedo mantiene que los pagó en metálico, pero el juez precisa: “Una vez analizada la información bancaria recibida de las entidades respecto a las personas de Sonia Castedo y Arturo Soto (su marido), se llega a la conclusión de que no existe ninguna extracción de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes”. Y en cuanto al Mini, el juez asegura que en una conversación entre Ortiz y su esposa se refieren al coche como un regalo de Castedo a su asesora y constata “una irregularidad contable” en la documentación aportada por el promotor para justificar la venta.

El promotor supuestamente pagó un viaje a Creta al anterior regidor, Luis Díaz Alperi

Los supuestos cohechos que el magistrado atribuye al exregidor Díaz Alperi de parte de Ortiz, son los mismos recogidos en los informes policiales, es decir, un viaje a Creta en un avión privado por valor de 45.000 euros y el pago de la cuota del hijo del alcalde (30.000 euros) en la constitución de una empresa de publicidad.

El magistrado considera que el trasvase de información privilegiada y tráfico de influencias en favor de Ortiz continuó tras dimisión de Díaz Alperi, en septiembre de 2009, según refleja una conversación entre Ortiz y Cortina sobre la colaboración del exregidor y el despacho de Abogado Salvetti, propiedad de José Luis Castedo (hermano de la actual alcaldesa) y el edil del PSPV Javier Gutiérrez.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en el escrito paralelo que remitió al juzgado, también mantiene la acusación a Castedo y Alperi por los delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias. Según el fiscal, la alcaldesa y el exalcalde condicionaron la redacción del planeamiento urbanístico de la ciudad a los intereses de Ortiz a cambio de dádivas.

El ministerio público sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del PGOU a través del despacho Salvetti Abogados. Desde este bufete, según la policía, elaboraron decenas de alegaciones al PGOU, la mayoría estimadas, extremo que les reportó cerca de un millón de euros.

En este sumario, el juez ya ha imputado formalmente a 16 personas, de las 21 que inicialmente acusa el fiscal. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, y José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. Al familiar de la alcaldesa, el juez le imputa cinco delitos: asesoramiento ilegal, actividad prohibida a funcionario, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.