La EMT despedirá a 200 personas tras cinco meses de negociaciones
El comité de empresa cree que el ERE es ilegal y que supone un gasto de siete millones en indemnizaciones
"Vamos a pagar nosotros el despilfarro de esta ciudad”, expresó ayer Vicente Moreno, presidente del comité de empresa de la EMT. Lo comentó relación con el despido de 208 trabajadores que la compañía municipal va a llevar a cabo. Una cantidad que, según valoró el comité, supondrá un gasto de 6 o 7 millones de euros en indemnizaciones, “el mismo dinero que deberían utilizar para pagar los salarios de este año”. La empresa, por su parte, reclamó que esa cantidad no superaría los cinco millones de euros y sería “un alivio a corto plazo, pero no una garantía para el futuro”.
Las desavenencias entre los trabajadores y la dirección, que se han ido repitiendo a lo largo de todo este tiempo, no han confluido en un acuerdo, como se pudo ver ayer. Por un lado, el comité insistió en que desde las organizaciones sindicales se ha tratado siempre de alcanzar “de buena fe” medidas alternativas al ERE. Por otro, la entidad remarcó que estos “no han hecho nada por evitarlo”.
Un conductor con 19 años de antigüedad mostró su nómina mensual: 1.493 euros
La recurrente “sostenibilidad” a la que aluden desde la empresa responde, principalmente, a un factor: la reducción salarial. Los trabajadores afirman haber propuesto una merma del 5% progresiva que, entre el sueldo base y los complementos, llegaría a un 10%. Sumado al 5,6% que han “perdido” desde 2010 responde a “más del 15%”. “Con ello se ahorrarían 10,9 millones de euros, y no los ocho que ellos calculan”, indicaron, “lo que demuestra que jamás han querido negociar”. La EMT respondió que “solo han planteado un 5%” y que esta rebaja “no soluciona las tensiones de tesorería”. “Es una actitud ilegal e inmoral”, manifestó Moreno, “y no tiene sentido cuando se están contratando empresas externas para cubrir puestos de trabajo”.
Los responsables políticos de la oposición mostraron su apoyo a los trabajadores y coincidieron en que se trata de una medida “injusta” que va a afectar a la calidad del transporte público. “Era un objetivo premeditado”, señalaron desde el PSPV, “porque tenían una agenda oculta y es inconcebible que no se haya llegado a un acuerdo mínimo”. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reiteró que el ERE “nunca ha estado confirmado” y que “siempre se ha dicho” que se pedía “ese recorte” para “no tirar a 208 personas a la calle”.
Los sindicatos, por último, hicieron un llamamiento a las asociaciones de vecinos porque, según lamentaron, “muchos barrios se van a quedar sin servicio”. “Lo paradójico”, se quejó un conductor, “es que no es un tema económico: es político e injusto”. Lo remarcó esgrimiendo una nómina inferior a 1.500 euros, “tras 19 años de antigüedad”.
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