El Consell completa el PGOU de Benidorm 22 años después de aprobarlo

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benidorm presumía de ser un referente en la planificación territorial valenciana. Nada más lejos de la realidad. Cuando en noviembre de 1990 se aprobó definitivamente por el Consell el planeamiento local, quedaron pendientes de evaluación ambiental 2,4 millones de metros. Y no ha sido hasta la semana pasada, casi 22 años después, que el Consell ha notificado al Ayuntamiento de la ciudad el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) parcial que estaba por definir desde hace más de dos décadas.

El documento, aprobado el 8 de marzo de este año por la Comisión de Evaluación Ambiental acota la superficie urbanizable a unos 750.000 metros, aunque ha dejado pasar más de dos décadas para concluir el procedimiento, actuando a instancia del Ayuntamiento, que en marzo de 2011 reclamó la resolución definitiva, y sobre una política de hechos consumados, ya que el Parque Natural de Serra Gelada o el paraje natural del Ponoig-Puig Campana fueron declarados por el Gobierno autonómico mientras Benidorm, en manos del exalcalde Vicente Perez Devesa, del PP, se dedicaba a transferir aprovechamiento de suelo de sectores que ni siquiera tenían una calificación definitiva en el PGOU.

Benidorm remitió el 14 de marzo de 1990 un ejemplar de su recién aprobado PGOU a la entonces Agencia de Medio Ambiente solicitando la emisión del preceptivo informe, que fue resuelto en noviembre del mismo año excepto para las áreas de “Cerro Cortina, Sierra Helada y L’Illa”, cuya aprobación definitiva quedó suspendida a expensas de la elaboración del EIA. Por razones inexplicables para todas las fuentes consultadas, la aprobación definitiva del PGOU de Benidorm se ha ido prolongando en el tiempo, pese a que estuvo en exposición pública en mayo de 1992 y que entre 2000 y 2007 se paralizó su tramitación. Las reiteradas peticiones de los propietarios y del Consistorio, que nunca supo a qué atenerse, han abocado a la consejería a pronunciarse definitivamente.

En su resolución, el Consell elimina un campo de golf y unos 700.000 metros del PP/5-1 (de 140,4 hectáreas), es decir, todo el suelo contemplado en Sierra Cortina por encima de los 400 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado, anula la calificación del sector APR-7 (54,2 hectáreas) como suelo urbano por su “impacto severo” y pasa a no urbanizable por encima de la cota de 75 metros sobre el nivel del mar el suelo incluido en el sector PAU-2. En resumen, de 2,4 millones de metros que en 1990 el entonces Gobierno del PSPV decidió urbanizar con el apoyo del PP, la Dirección General de Evaluación Ambiental tolera construir en unos 750.000 metros.

Pero en 2003 el PP firmó convenios para transferir 160.000 unidades de aprovechamiento del sector APR-7, ahora declarado suelo no urbanizable, a otros sectores del planeamiento, como Armanello, Discotecas o Médico-Residencial, en algunos casos permutando dos metros de techo del APR-7 por un metro en el resto de sectores, de calificación urbanizable. El Gobierno local, ahora en manos del PSPV, ha solicitado un informe jurídico para evaluar las consecuencias de aquellas decisiones, tomadas sobre planes parciales nunca aprobados y sobre los que ningún funcionario municipal informó.