Una autonomía sin convicción

Tal día como hoy, hace tres décadas, el Estatut d’Autonomía empezó a andar. El alumbramiento fue fruto de un parto doloroso, no exento de violencia y fuerte tensión social, motivada fundamentalmente por sectores de una derecha reaccionaria y tardofranquista dispuesta a frenar el proceso de construcción del Estado autonómico.

A pesar de ello, los principales partidos políticos alumbraron un Estatut d’Autonomia que se convirtió en punto de encuentro de las dualidades que habitualmente dividen a los valencianos. Así, en medio de un constante tira y afloja, las fuerzas políticas de entonces (PSPV-PSOE, UCD, AP y el PCPV) pactaron el acceso al autogobierno por una vía intermedia. No sería la del artículo 151 de la Constitución, previsto para las denominadas autonomías históricas, sino la del artículo 143, previsto para aquellas regiones que no tenían rasgos diferenciadores. Sin embargo, acompañarían el Estatut con una ley que permitiría asumir las competencias en sanidad y educación, que era el principal rasgo de las autonomías del 151.

El Consell ha optado por una celebración de perfil muy bajo

Treinta años después, los valencianos celebran la recuperación de su autogobierno sin convicción. La llegada de Mariano Rajoy al Gobierno de España ha acabado en un plis-plas con la retórica victimista y reivindicativa del Consell hacia la Administración central. En este contexto, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, encargado de organizar el 30º aniversario del Estatut, ha optado por un programa de perfil muy bajo, que incluye un ramillete de actividades —desde conferencias a concursos escolares— esparcidas a lo largo de este año. Una decisión que se justifica fundamentalmente por dos razones: las dificultades presupuestarias y la complejidad de celebrar el aniversario con una nueva reforma del Estatut paralizada. Una reforma aprobada en las Cortes Valencianas en la anterior legislatura y que está a la espera, desde hace meses, de la defensa y tramitación en el Congreso de los Diputados.

Y es que esta reforma pendiente, en la que se pide la modificación de la disposición adicional primera del Estatut para exigir del Estado una inversión equivalente al peso de la población en el conjunto de España por un periodo de siete años, evidencia la falta de convicción en las reivindicaciones valencianas.

En la reforma de 2006, pactada por populares y socialistas, el entonces presidente del Consell, el popular Francisco Camps —y su negociador, el consejero Serafín Castellano— no se quiso incluir ni esta disposición, ni ninguna alusión al tema de la financiación. Sí lo hicieron autonomías como Cataluña, Andalucía y Baleares y, finalmente, la Comunidad Valenciana ha terminado por ir en el furgón de cola. Lo que se vendió como la primera reforma de un nuevo avance hacia un Estado federal, terminó por convertirse en la última adaptación de la etapa constituyente del Estado autonómico. De ahí la necesidad de que se plantease, apenas una legislatura después, la reforma que está pendiente de consolidar.

Para Luis Berenguer, que fue uno de los ponentes que negociaron el Estatut de 1982 en representación de la Unión de Centro Democrático (UCD), el PP llenó la reforma estatutaria de 2006 de “sandeces” como la cláusula Camps, que no sirve para nada, o la referencia al monasterio de Santa María de La Valldigna como sede espiritual de los valencianos. “Y lo hicieron a remolque de lo que proponían los catalanes”, explica Berenguer, que duda de que la reforma sirviera para mejorar mucho el texto original.

Pese a las críticas, la reforma de 2006 sirvió para aumentar las competencias en algunas materias: ordenación de los medios judiciales, nuevos instrumentos de gestión tributaria, participación en la ordenación de infraestructuras de interés general, desarrollo del derecho civil propio, etcétera. Aunque, transcurridos seis años, la mayor parte de estos mecanismos —como ya le ocurría al Estatut primigenio— están por desarrollar. Hasta el punto de que ni siquiera disponen los valencianos de una Ley Electoral Valenciana adecuada a los nuevos tiempos.

Para Felipe Guardiola, ponente del PSPV-PSOE del primer Estatut, la recuperación del autogobierno ha cubierto las expectativas porque la “arquitectura institucional” está clara. A partir de ese punto, aclara, “no es una cuestión de más competencias, porque lo importante es ejercerlas”, señala Guardiola.

Guardiola: “La cuestión no es tener más competencias, es ejercerlas”

Intentando desvelar lo que deparará el futuro, Guardiola cree que será inevitable avanzar en el modelo federal de Estado. “Igual que el Estado ha tenido que ceder soberanía a la Unión Europea, el Estado necesitará coordinar a las autonomías para gestionar de manera adecuada la deuda pública y garantizar la viabilidad del sistema”.

En el mismo sentido se expresa el primer presidente de la Generalitat y ponente del primer Estatut, el socialista Joan Lerma, que considera que, “aunque hay que revisar muchas cosas, el modelo ha funcionado”.

“El pasado sirve para entender dónde estamos”, explica Lerma, “pero lo que mejora las cosas es la voluntad de avanzar, no el tiempo transcurrido”.

Y de momento, ya llevamos 30 años de autogobierno y vamos a por la segunda reforma.