Anticorrupción mantiene la acusación a Castedo y Alperi por amañar el PGOU

La Fiscalía Anticorrupción mantiene la acusación a los alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de información y cohecho, derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. El juez que dirige esta pieza del caso Brugal, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha dado por cerrada la instrucción y ultima el escrito de motivación razonada para enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dada la condición de aforados de ambos acusados. Castedo es diputada autonómica desde mayo de 2011 y Alperi desde el mismo mes de 2007.

El titular del destacamento de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ya ha remitido al Juzgado instructor su escrito (preceptivo, aunque no vinculante para el sentido final de la resolución del magistrado instructor). En este documento, Briones reproduce, en líneas generales, la acusación de su primer escrito. En el primitivo, el fiscal acusaba a 21 personas, entre ellas Castedo y Alperi. Según el fiscal, ambos altos cargos del PP condicionaron la redacción del PGOU a los intereses urbanísticos del promotor Ortiz a cambio de dádivas..

Cree que condicionaron el Plan General en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz

El ministerio público sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del planeamiento a través del despacho de abogados, propiedad de José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSPV Javier Gutiérrez.

De los 21 acusados inicialmente por el fiscal, 17 han quedado finalmente imputados tras declarar ante el instructor. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, y José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

El magistrado no ha interrogado ni a Castedo ni a Alperi por su condición de aforados. Este extremo competerá al TSJ, en el supuesto de que el alto tribunal los impute formalmente.

Orihuela

Por otro lado, la junta de Gobierno de Ayuntamiento de Orihuela, en manos del tripartito (PSPV, Liberales y los Verdes) ha acordado personarse como perjudicado en otra pieza del caso Brugal, la que indaga otro supuesto amaño de la contrata de basura del municipio en favor del empresario Ángel Fenoll. En este sumario hay 40  imputados, entre ellos, los dos últimos alcaldes del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente, además de una decena de concejales y exediles populares.

La personación, según una nota oficial del Ayuntamiento, persigue “pedir responsabilidades personales a los concejales que en su día apoyaron la adjudicación del servicio municipal de basuras a la UTE que prestó el servicio hasta el pasado mes de mayo”. Esa UTE está compuesta por las firmas Sufi, Gobancast y Liasur. Estas dos últimas, según la investigación judicial, son falsas y constituyen en realidad la tapadera de la que se valió Fenoll para hacerse con la contrata.