El Supremo confirma la anulación del PAI de Patraix por falta de transparencia
Los magistrados concluyen que el plan vulneró la libre concurrencia y la no discriminación
Otro plan urbanístico cae en Valencia por falta de transparencia. El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de 2008 del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que anuló uno de los Programa de Actuación Integrada (PAI) más grandes de Valencia, en pleno barrio de Patraix.
El plan urbanístico se planificó sobre medio millón de metros cuadrados, donde estaba prevista la edificación de más de 3.200 viviendas. Ahora el Consistorio que preside Rita Barberá, perdida la casación, está obligado a pagar 4.000 euros de costas judiciales.
El contencioso surgió cuando una docena de empresas impugnaron el 25 de octubre de 2002 el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Valencia que aprobó el plan conocido como sector SUP, número 9 de Patraix. La mayoría entendió que la Administración local incumplió la normativa de contratación europea y estatal, es decir, faltó transparencia y se vulneró la libre competencia en la adjudicación del plan a la empresa Desarrollo Urbano de Patraix (Dupsa), que encabeza el promotor Juan Soler.
Los magistrados del TSJ concluyeron en el fallo de 2008 que la adjudicación del PAI vulneró “los principios de no discriminación y libre concurrencia”, además de que el urbanizador “no estaba debidamente clasificado para contratar con la Administración”. Los recurrentes se quejaron de que antes de su aprobación, se llevó a cabo una modificación importante del plan que no se expuso al público. ¿Qué pasará ahora con un plan que está en ejecución desde hace años? De momento, la resolución del Supremo exige al Consistorio empezar de cero, repetir todo el proceso, explican fuentes jurídicas.
El Consistorio ha recibido varapalos en Orriols, Sant Lluís o Torrefiel
“Las malas prácticas urbanísticas del PP perjudican no solo a las arcas municipales sino a la credibilidad en la gestión municipal”, valoró el concejal socialista Vicent Sarrià tras conocer el contenido de la sentencia.
El Ayuntamiento y la Generalitat deberán pagar 4.000 euros de costas
La sentencia del PAI de Patraix no es el único revés judicial que recibe el Consistorio por la gestión urbanística. Los socialistas hicieron ayer repaso de los varapalos judiciales que ha recibido el Gobierno local del PP.
Los tribunales anularon el PAI previsto sobre suelo urbano en el Camino de Moncada, adjudicado a la firma Expocasa, y donde se preveían 750 viviendas y 22.000 metros cuadrados de suelo terciario. En este caso, el Consistorio no acreditó el cambio de uso de suelo industrial a residencial y terciario y una de las empresas que no ganó el concurso consideró vulnerados sus derechos. Ahora mismo, según explican los socialistas, el Tribunal Supremo estudia la motivación aprobada por un pleno del Ayuntamiento para valorar si es suficiente o debe repetirse el proceso.
Otro de los planes urbanísticos anulados por el alto tribunal es el de Orriols. Los magistrados encontraron defectos de forma en el concurso público que tuvo lugar en 1997. Era el sector urbanizable de Orriols, con otras 3.355 viviendas, la mayoría de ellas ya construidas cuando se conoció la anulación. El resultado fue que hubo de repetirse toda la tramitación.
En total, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha tumbado otros cuatro PAI, previstos sobre suelo urbano, en la Font de Sant Lluís y otros barrios de la capital.
Otro ejemplo de la polémica gestión urbanística del Ayuntamiento de la ciudad es la modificación del plan del Valencia CF en el solar de la avenida de las Cortes Valencianas. Otra sentencia judicial ha obligado al Gobierno local a encarar de otro modo la modificación puntual del PGOU de Valencia para permitir al club de fútbol recalificar una parte del suelo donde se levanta su nuevo estadio. Los tribunales entendieron que la modificación no era tan puntual y que debía ser informada por la Generalitat, en concreto por la Consejería de Territorio. El proceso se repitió y hace poco que salió adelante sin más contratiempos.
Por último, los socialistas ponen de ejemplo lo sucedido con la recalificación del edificio de la Tabacalera, cuyo uso se cambió de industrial a residencial “destruyéndose parte de sus naves”. Los tribunales no se han pronunciado todavía. La oposición considera que el Ejecutivo local no justificó el derribo de las naves laterales y traseras y la construcción en ese suelo de dos torres de viviendas de nueve alturas.
“Son demasiadas sentencias condenatorias que dejan el urbanismo del Ayuntamiento de Valencia bajo sospecha”, concluyó Sarrià.
Millones para los Cotino y los Trénor
El Ayuntamiento de Valencia pagará a los Cotino y a los Trénor las expropiaciones de terrenos en el Parque de Cabecera. Así lo acordó ayer la Comisión de Hacienda local. El Consistorio pagará 2,8 millones de euros a la empresa Alquería Dolores, SL, vinculada a la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, y a la familia Trénor, algo más de un millón de euros. En total, cerca de cuatro millones de euros.
“Lo que podía habernos costado menos de un millón de euros, nos va a salir por cerca de ocho millones”, denunció el edil socialista de Valencia Pedro Sánchez, que anunció que denunciará al Consistorio si los servicios jurídicos entienden que hubo negligencia en la gestión de las expropiaciones. Sánchez sumó a estas cantidades y las ya pagadas, los intereses que se han generado al dilatarse tanto el proceso.
En julio de 1998 se aprobó el proyecto de expropiación de los terrenos sobre los que se desarrolló el Parque de Cabecera. El Consistorio propuso entonces pagar a estas dos familias de 200.000 euros por la expropiación. El Jurado Provincial de Expropiaciones resolvió en 2005 que el valor de los terrenos era de casi un millón de euros. Los expedientes se quedaron en un cajón, según la oposición, y los terrenos han aumentado su valor, de tal manera que ahora se pagará a dos propietarios el mismo dinero que se pagó entonces a los restantes 140 expropiados.
El Gobierno local justifica que el proceso se ha alargado tanto porque recurrieron al TSJ al no estar de acuerdo con el aumento de valor del suelo.
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