Advertencia del fiscal superior a los clubes de cannabis

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, advirtió ayer de que los llamados clubes sociales de cannabis pueden ser legales siempre que limiten su actividad a “abrir debates” sobre el uso de esta sustancia, pero recordó que incurrirán en delito, salvo que medie un cambio legislativo, si se dedican a cultivar, vender o “fomentar” su consumo.

El fiscal superior compareció ante la ponencia del Parlamento vasco que estudia la regulación de los clubes de cannabis. Antes de la misma, y en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara, recordó que es el Código Penal el que establece que la venta o cultivo de esta sustancia es ilegal, salvo que sea “en pequeñas cantidades” limitadas al autoconsumo. En este sentido, desveló que ya existen causas abiertas contra asociaciones de Álava y Bizkaia.

Calparsoro se remitió como argumento al encuentro que la Fiscalía Antidroga celebró en Santurtzi a mediados de mes, en el que se ratificó que los colectivos procannabis solo pueden impulsar “planteamientos de debate y propugnar una legalización del consumo”, ya que la defensa del cultivo y la venta supone incurrir en delito. Además, remarcó que la labor legislativa del Parlamento en esta materia se limita a cuestiones de registro de asociaciones, pero “sin pasar la frontera de la actividad del cultivo”, que compete al Estado.

Junto al fiscal superior, en la ponencia del Parlamento compareció también el viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen, quien reclamó a los órganos legisladores competentes que “clarifiquen” si la actividad de los clubes sociales de cannabis puede ser constitutiva de delito, ya que se trata de una “realidad social” en la que están involucradas más de medio centenar de colectivos con 5.000 socios en el conjunto de Euskadi.

Euskadi suma medio centenar de colectivos con más de 5.000 asociados

“Hay una realidad social y hay unas leyes, que si se tienen que adecuar a ella, en el sentido de legalizar el cultivo y almacenamiento de la marihuana, tendrá que hacerlo quien le corresponda. Mientras tanto, desde Interior tenemos unos criterios a seguir y actuamos conforme al Código Penal y a la Ley de Seguridad ciudadana”, argumentó, a preguntas de los periodistas, tras intervenir en la ponencia parlamentaria.

El viceconsejero fue el encargado de exponer ante los parlamentarios la posición del Departamento de Interior ante la polémica existencia de los clubes de cannabis. Una respuesta que, según defendió, está “sujeta al imperio de la ley”, que es la que marca las actuaciones de la Ertzaintza. Buen lo trató de explicar con un ejemplo. Así, aclaró que, ante la duda, la consejería aplica la sanción mínima cuando quienes incurren en delito conforman, por ejemplo, “un grupo que se fuma unos porros en la calle”. No obstante, precisó que cuando se trata de causas mayores, como el “cultivo de 200 o 300 plantas”, la cuestión pasa a disposición judicial.