La fiscalía pide otros nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Pego

Carlos Pascual, alcalde de Pego entre 1995 y 2003, primero con Unión Valenciana y luego con un partido independiente, ha terminado su imponente recorrido judicial antes de acabar de cumplir condena en la cárcel de Villena. Ayer acudió al último juicio de las casi 100 causas judiciales que llegó a acumular durante su mandato, esta vez para enfrentarse a una petición de la fiscalía y la acusación particular de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Su defensa pidió la absolución y, en todo caso, que se le aplique al fallo el atenuante por dilación indebida, ya que los hechos por los que fue juzgado se remontan a febrero del año 2001.

Hace 11 años, Pascual acudió a llevar a su hija al colegio días después de haber despeñado por las escaleras del Ayuntamiento con un empujón al sargento de la policía local, Gonzalo Vicens, hechos por los que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación para cargo público. Ese día, ya en un ambiente de tensión generalizada en la población, Rafael Moll, el Policía Local que ordenaba el tráfico en un paso de cebra próximo al centro educativo, a su vez delegado de personal de CC OO, le negó el saludo reglamentario, por lo que, según su versión, fue insultado allí mismo por el entonces regidor y expedientado el mismo día con una suspensión de funciones y sueldo, que luego se tradujo en otro expediente multitudinario de suspensión de empleo y sueldo a 18 policías, incluido Moll, y al sepulturero municipal tras una concentración de protesta contra Pascual.

El policía sancionado fue restituido en su plaza por una sentencia judicial, que obligó al Consistorio a abonarle las retribuciones no percibidas durante la sanción, pero decidió acudir también a la vía penal.

El exalcalde acudió al juicio cuando ha cumplido cinco de los seis años de cárcel de una condena por causar graves daños en 600 hectáreas del marjal de Pego-Oliva, hoy parque natural, entre 1996 y 1998. Aunque ha sumado otros cuatro años y medio de prisión e inhabilitación por agredir al jefe de la policía local y siete años más de inhabilitación por suspender de empleo al enterrador municipal, Pascual está a punto de obtener el tercer grado penitenciario, lo que implica su práctica libertad. De hecho, disfruta de permisos restringidos desde hace cuatro años, pese a ser el primer alcalde de España encarcelado por un delito medioambiental, y ayer acudió al juzgado con un llamado permiso de gobierno sin escolta policial.

Su actual abogado, que llegó a gestionar hasta 75 causas judiciales de Pascual, aseguró que su patrocinado ya no tenía más juicios pendientes. En el de ayer, el exregidor dijo: “Yo no hice nada ni pensé nada”. “Cuando estás de alcalde, no quieres follones”, aseguró ante el juez. El exalcalde trasladó la responsabilidad de todo lo ocurrido a los funcionarios y técnicos municipales.