La Xunta permite la concesión de pisos protegidos a titulares de otra vivienda

Menos pisos protegidos, menos años de protección y menos exigencias de acceso. La nueva Lei de Vivenda de la Xunta, que la semana próxima se someterá a aprobación definitiva en el Parlamento, suaviza el régimen para las viviendas a precio tasado. “Se orienta no tanto a los ciudadanos como a los promotores inmobiliarios”, lamenta Luis Toxo, ponente del PSdeG en el proyecto. Entre las muchas novedades de una ley ambiciosa —consta de 114 artículos, 11 disposiciones adicionales, nueve transitorias, dos derogatorias y dos finales— está una amplia casuística de situaciones excepcionales en el régimen de acceso a este tipo de viviendas, que abre la puerta a la adquisición de pisos protegidos por parte de titulares de otra vivienda.

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Como norma general, la posesión de otra vivienda es incompatible con el acceso a las de protección, pero las excepciones, detalladas en el artículo 63, incluyen en la práctica cualquier “situación excepcional declarada por el organismo competente” en la materia, en la actualidad, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Durante el trámite en comisión, la oposición alertó de que esta redacción faculta al departamento de Agustín Hernández a ampliar a su antojo las posibilidades de acceso a los pisos a precio tasado a personas que ya poseen otro inmueble.

Las excepciones que detalla el artículo 63 afectan a propietarios sujetos a desahucio judicial o administrativo y a separados o divorciados que fueran privados del uso de la vivienda por sentencia. También se facilita el acceso a los que ocupen alojamientos provisionales como consecuencia de actuaciones de emergencia o remodelaciones urbanas que impliquen la pérdida de su vivienda. A todas estas salvedades se añade la de “cualquier otra situación excepcional declarada por el organismo competente en materia de vivienda”.

Como ya se puso de manifiesto en el debate de toma en consideración de la ley, en la que el PP tumbó las dos enmiendas a la totalidad de socialistas y nacionalistas, se elimina la reserva obligatoria de suelo en los planes sectoriales que se destina a viviendas protegidas, además de relajar las exigencias de los porcentajes mínimos de este tipo de pisos. Frente al 40% de la ley aún en vigor, impulsada por el bipartito, la que promueve Agustín Hernández establece un 30% con carácter general, pero a partir de ahí, recurre también a las excepcionalidades para facultar a los ayuntamientos a descolgarse de ese listón. Para ello, vincula los porcentajes al número de inscritos en el Registro de Demandantes de la Xunta, método por el que en la media en los 22 mayores ayuntamientos gallegos el porcentaje se reduce al 14,41%.

En la tramitación parlamentaria de la ley, el PP incluyó una enmienda que amplía uno de los aspectos más polémicos de la ley, la moratoria a la ejecución de sentencias judiciales de derribo, criticado por el Colegio de Arquitectos, a edificaciones de uso comercial y naves industriales. Pero en la práctica, ese cambio adolece de un posible defecto de forma que puede dificultar su aplicación. Se trata de una disposición transitoria que establece que todas las novedades relativas a las demoliciones serán de aplicación “a los titulares de viviendas construidas al amparo de un título anulado con anterioridad a la entrada en vigor” de la ley.

Según fuentes próximas a la ponencia parlamentaria, esta disposición adicional podría dificultar la aplicación de la moratoria a usos distintos del residencial, una tacha de la que, según las mismas fuentes, son conscientes tanto el grupo mayoritario como la consellería, aunque lo pasaron por alto ante la imposibilidad de corregirlo. El presunto error técnico se suma a la “incongruencia” de introducir una disposición para edificaciones industriales y comerciales en una ley de vivienda, según la oposición.