La restricción del Gobierno frena las solicitudes de refugiados
La Comunidad Valenciana es la cuarta región española con más peticiones
El 2011 fue un año movido. Las revueltas en el Magreb atrajeron las miradas de todo el mundo, que puso su foco en las batallas y las protestas de la llamada primavera árabe. España, que se benefició de un turismo espantado de la costa africana, no vio, sin embargo, un incremento “real” de solicitudes de asilo debido a que “el Gobierno de España, en lugar de atender al derecho internacional humanitario y proteger a las personas, está aplicando mecanismos para que los refugiados ni siquiera lleguen al Estado español”, según declaró este martes Jaume Durá, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano.
Durá explicó que la Comunidad Valenciana recibió 228 solicitudes de protección internacional frente a las 181 del año anterior, convirtiéndose en la cuarta región más con más solicitudes del territorio nacional. Por delante están Madrid, Ceuta y Barcelona. También comentó que, en total, nuestro país recibió 3.414 peticiones, 600 más que en 2010. Una cifra “engañosa” —según matizó— pues incluye a los 1.159 ciudadanos cubanos que llegaron a través de un acuerdo entre los Gobiernos de los dos Estados.
Con motivo del día del internacional del refugiado, que se celebra hoy, CEAR presentó su décimo informe sobre la situación de personas refugiadas y denunció que —“lejos de las 42.190 peticiones de Francia o las 24.150 de Italia, países vecinos en el Mediterráneo”— el Ministerio de Interior español “entorpece” el proceso de acogida: “Solo se puede pedir permiso dentro de las fronteras”, apuntó, “y eso es impedir el acceso al procedimiento de asilo, un derecho mundialmente reconocido”, concluyó.
De los 228 casos de la Comunidad Valenciana, solo 40 pertenecen a Alicante, ya que los de Castellón se derivan a Valencia. Seis de ellas provinieron de personas que estaban en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores y una de un ciudadano argelino que llegó al Puerto de Valencia como polizón a bordo de un barco de bandera egipcia. En el caso del CIE, Durá alertó de que “la mayoría de las veces se aplica el principio de devolución” y que se les oculta a los internos la posibilidad de este recurso.
Según resumió el coordinador, además, en el mundo hay más de 43 millones de personas en esta situación. Un 97% pertenece a lugares de “fuera de los países industrializados” como la República Democrática del Congo, Somalia, Afganistán o Irak.
"No quiero que maten a mi hijo"
María del Socorro Vives tiene 65 años pero aparenta bastantes menos. Nació en Buenaventura, una localidad de la costa del Pacífico en Colombia, y ejerció de auxiliar de enfermería en el hospital de la ciudad. Allí se afilió a un sindicato en 1985, cuando los paramilitares ejercían una presión atroz sobre este tipo de agrupaciones. En cinco años vio cómo algunos de sus compañeros sufrían claras vejaciones o eran directamente asesinados. “A veces mataban a dos, tres o hasta cinco”, relata. Ante esta insostenible situación, su círculo más cercano le aconsejó que se marchase. Poco después partió a Cali, la capital de la provincia. Allí, con dos hijos, fue víctima de un ataque a traición por una persona en moto que iba “sin placa ni luces”. Por suerte, ella y su niño menor, que entonces tenía siete años, salieron ilesos.
Una supervivencia que les apremió para salir de su país. En 2007, con los ahorros de “toda una vida trabajando”, llegó a Barajas de turista y pidió asilo en el mismo aeropuerto. Venía con su hijo de 29 años y con el pequeño, de casi ocho. Al menor y a ella les dejaron quedarse. Al mayor lo repatriaron.
En Madrid pasó un mes con la Cruz Roja y después fue trasladada al Centro de Atención al Refugiado de Mislata, en Valencia, donde estuvo nueve meses. Ahora, con su hijo estudiando “con mucha dificultad” el primer curso de la ESO, se alegra de haber salido pero espera “que estén mejor las cosas” para volver a Colombia. “Aquí tengo permiso, pero no puedo hacer nada. Malvivo del subsidio”, lamenta. “En mi familia me dicen que no regrese, por miedo a que me pase algo”, explica, “pero yo no estoy aquí por haber cometido ninguna falta sino porque no quiero que maten a mi hijo”, sentencia.
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