El Consell anuncia alquileres sociales y deja a los propietarios sin seguro

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció el pasado jueves, durante la sesión de control en las Cortes Valencianas, que entre las medidas adoptadas por el Consell para hacer frente a los efectos de la crisis económica se pondrá en marcha un plan extraordinario de arrendamiento de viviendas públicas para personas que hayan sido desahuciadas de su residencia habitual.

Fabra respondió así a una iniciativa en el mismo sentido que había propuesto el portavoz de Compromís, Enric Morera. En realidad, se trata de una medida que ya anunció meses atrás la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, y que no impide que la Administración autonómica haya dejado sin seguro a los propietarios que aporten inmuebles a la Red Alquila.

La diputada socialista María José Salvador, que ya denunció en 2010 que el Consell había renunciado a la póliza de 5,6 millones de euros para cubrir riesgos de impago o daños en los pisos que se arrendaban a través de la Agencia Valenciana de Alquiler, preguntó por escrito a la consejera por la situación actual.

La respuesta de Bonig, fechada el 30 de mayo pasado, es que “la Agencia Valenciana de Alquiler, como agente principal de la Red Alquila, ha actuado de intermediaria entre los propietarios particulares y los potenciales arrendatarios, asesorando a cada una de las partes” .

Salvador denunció en 2010

Bonig también afirmó que “desde la consejería se han hecho gestiones con entidades aseguradoras para que los propietarios que alquilan sus viviendas a través de la Red Alquila y oficinas de la Agencia Valenciana de Alquiler, puedan llegar a suscribir seguros de impago de rentas y multiriesgo de hogar a precios más asequibles que los habituales del mercado”.

“No hay seguro, no hay cobertura en caso de impagos y daños”, destaca Salvador, que apunta que esa situación hará crecer los precios de los alquileres y, por tanto, invalidará los objetivos sociales que se persiguen. “Si los propietarios de las viviendas tienen que contratar sus propios seguros, repercutirá en los precios de los alquileres, que se acercarán a los del mercado. Eso no tiene sentido”.

La diputada defiende que es necesario garantizar el derecho a la vivienda y que eso no se conseguirá sin poner inmuebles del Instituto Valenciano de la Vivienda a disposición de la red de alquileres, pero tampoco sin dar cobertura a los alquileres privados para que los precios sean asumibles por las familias en riesgo de exclusión social. “La Generalitat no está asumiendo el papel que le corresponde”, concluye.

Desde el PP, ayer mismo se insistió de nuevo en el compromiso anunciado por Fabra en la sesión de control al presidente de esta semana. El vicesecretario general del PP de la Comunidad Valenciana, César Sánchez, también diputado en las Cortes, dijo que el programa de arrendamientos de viviendas públicas anunciado por Fabra para personas en riesgo de exclusión social evidencia que “el Gobierno valenciano toma de la mano a los ciudadanos buscando soluciones a sus problemas”.

Según Sánchez, “ya se han establecido contactos con municipios como Torrent, Castellón, Burriana o Alicante, así como con Cáritas y las asociaciones gitanas” para que el programa “sea en poco tiempo una realidad”.

Los beneficiarios, especificó Sánchez, “han de ser propuestos por los ayuntamientos, deben haber perdido su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria y el consistorio ha de acreditar la predisposición de la familia al cumplimiento de las obligaciones establecidas por ese contrato de arrendamiento. Además, “no podrán ser beneficiarias aquellas familias con impagos o daños constatados en otras viviendas públicas o protegidas”.