El sector privado controlará las recetas de los médicos públicos

La Generalitat pretende ceder al sector privado el control de los medicamentos que prescriben sus propios médicos. Este es uno de los aspectos que contempla el nuevo modelo sanitario que la Administración que preside Alberto Fabra está diseñando, a cuyo borrador ha accedido este diario. El nuevo escenario, que debería entrar en funcionamiento en enero del próximo año, entrega buena parte de la gestión y supervisión del sistema a la iniciativa privada.

Las empresas se encargarán del “control, para la mejora de la gestión, de la prescripción farmacéutica ambulatoria y exprótesis [prótesis que no requieren cirugía] realizada en los centros de atención primaria y especializada”. Para ello, intervendrán en “el seguimiento de la prescripción por médico y patología” o “la elaboración de protocolos de uso de medicamentos, particularmente en relación con los de mayor impacto económico”. También en la “formación” de los médicos, en el “desplazamiento [en la prescripción] hacia medicamentos genéricos o sin protección de patente” o en la “incentivación” de los facultativos con relación al “seguimiento de determinadas pautas terapéuticas”.

Todo ello se dirige a recortar el gasto que le suponen al Consell las recetas, en unos momentos en los que la Generalitat atraviesa por una situación de extrema falta de liquidez. La Consejería de Sanidad, que dirige Luis Rosado, paga con cuatro meses de retraso a las farmacias (debe 480 millones de euros), una tardanza que ya le ha costado dos cierres patronales, el último, la semana pasada.

El control del gasto farmacéutico es solo uno de los aspectos que quedarán bajo la órbita del sector privado en el vuelco que supondrá la nueva organización del mapa sanitario valenciano, que la Generalitat ha bautizado como “modelo de gestión compartida” público-privada y cuyo diseño sigue quemando etapas.

Rosado anunció ayer que en la reunión del Gobierno valenciano que se celebrará hoy presentará a sus compañeros del Consell un documento en el que se especificarán las necesidades que deberán cumplir las empresas interesadas en participar en el modelo.

La filosofía de partida de la vuelta de tuerca privatizadora que supone el nuevo escenario de la sanidad valenciana consiste en agrupar todas las actividades que ya están externalizadas en los 18 departamentos de salud que gestiona directamente la Generalitat y cederlas a un único operador privado para que se ocupe en bloque de todas ellas en cada departamento (o varios, según se distribuyan los lotes).

En un principio, cuando a finales del mes de abril la Consejería de Sanidad anunció esta medida, dijo que la parcela que iba a quedar desgajada del control de la Administración sería básicamente la actividad de soporte a la estrictamente sanitaria. Ello implica la limpieza, las tareas de mantenimiento, la restauración, la seguridad, la lavandería, los archivos clínicos, la gestión de residuos, la esterilización de equipos, la adquisición de material sanitario, el suministro de energía o el vestuario. La suma del coste de todas estas partidas para la sanidad valenciana en 2011 fue de 377 millones, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Sanidad también apuntó que dentro de este conjunto de servicios que se concentrará en manos de un único gestor privado estarán incluidos algunos servicios sanitarios ya externalizados. A pesar de que se le dio menos importancia a todo ello, aquí es donde está el gran volumen de gasto que se transferirá y de donde se pretende ahorrar. Toda esta porción de actividades relacionadas con la parcela sanitaria que se transferirá al sector privado supuso en 2011 1.987 millones de euros (1.137 corresponden al gasto en recetas).

Además, el borrador elaborado por la Consejería de Sanidad va más lejos de lo que se planteó inicialmente respecto a la cesión a la empresa gestora de servicios relacionados con la asistencia o el diagnóstico. Es verdad que se transfieren al operador privado servicios ya concertados, como el diagnóstico por imagen mediante resonancia magnética, la oxigenoterapia o la hemodiálisis. Pero lo mismo sucederá con otros que se mantenían al margen del sector privado, como la farmacia hospitalaria (donde controlará las compras o supervisará la “correcta utilización” de los fármacos).

En otros servicios sanitarios, la prestación privada no consistirá en la gestión directa, sino en el “control para la mejora de la gestión”. Es decir, en ahorrar con medidas como las “mejoras de eficiencia”, la “introducción de mecanismos de incentivación al ahorro” o el “seguimiento del gasto”.

Quizás el caso más relevante dentro de esta categoría (el control de la gestión) sea el de la prescripción de fármacos. Esta cuestión (supervisar qué recetan los propios médicos) ha sido uno de los grandes caballos de batalla de las concesionarias de los departamentos de gestión privada (el modelo Alzira). En el caso de los facultativos heredados de la Consejería de Sanidad (con categoría de estatutarios), las empresas no tienen capacidad de incentivarlos o supervisar su prescripción. Lo que destila el documento elaborado por Sanidad sobre el nuevo modelo es una clara apuesta por el control de las empresas sobre lo que recetan los médicos de la red pública.

El grueso del ahorro previsto se obtendría en la parcela sanitaria

Además de las recetas, quedan “bajo el control y mejora de la gestión” de la gestora privada servicios como los de radioterapia, medicina nuclear, neurofisiología, diálisis peritoneal, tratamientos del espectro autista, radiocirugía o la neurorrehabilitación posterior a un accidente cerebral. El documento alude a que el “colaborador privado” supervisará estas actividades en los departamentos en los que se hayan contratado estos servicios con empresas privadas (frecuente en algunos casos para combatir las listas de espera, por ejemplo en el caso de los estudios neurofisiológicos del sueño).

El texto elaborado por la Consejería de Sanidad servirá de punto de partida a la negociación que se abrirá con las empresas interesadas en participar en el modelo (mediante el procedimiento de contratación del diálogo competitivo) y que definirá los límites exactos del contrato.

Una vez se ponga en funcionamiento, a principios del año que viene, la Comunidad Valenciana volverá a situarse en la vanguardia de la privatización de la sanidad pública sanitaria con el estreno de este nuevo modelo en solitario en España. Ya se destacó en 1999 con la aplicación de la fórmula de la concesión administrativa a la sanidad (el modelo Alzira) que cubre la asistencia del 20% de los valencianos, se ha exportado a Madrid y pronto lo hará a Castilla-La Mancha.