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PP y PSOE se culpan del deterioro de la imagen del Banco de Valencia

Los socialistas exigen de nuevo una comisión de investigación para depurar responsabilidades

El presidente del Consell, Alberto Fabra, rodeado de consejeros y diputados del PP en las Cortes.
El presidente del Consell, Alberto Fabra, rodeado de consejeros y diputados del PP en las Cortes.CARLES FRANCESC

La crisis de las entidades financieras valencianas ha enfrentado esta mañana en las Cortes a populares y socialistas, que se han culpado mutuamente de deteriorar la imagen de las cajas y en especial del Banco de Valencia.

El portavoz socialista, Antonio Torres, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a aceptar la comisión de investigación de Bancaja-Bankia pedida por el PSPV-PSOE y a exigir responsabilidades a los gestores por las “miles de familias” cuyos ahorros han quedado “atrapados” en complicados productos bancarios como las cuotas participativas u obligaciones preferentes. Torres ha destacado que el PP es “responsable de la mayoría de los nombramientos en las cajas” y de cambiar la ley para controlarlas y usarlas “a capricho” para financiar proyectos “ruinosos” como CACSA, Terra Mítica, la fórmula uno “o el ladrillo”.

El portavoz socialista ha insistido en que hay que “exigir responsabilidades a los gestores de las cajas y del Banco de Valencia”, a lo que Fabra ha replicado que “los bancos son más seguros que hace unos días". “Lo único que preocupa a los ciudadanos es lo que piensan algunos socialistas" que quieren “eliminar” al Banco de Valencia, ha sostenido el presidente del Consell, en referencia a unas declaraciones del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, según las cuales hay entidades españolas que podrían estar encaminadas a la liquidación.

"En las cajas había representantes socialistas y "ninguno de ellos renunció a su sueldo", ha alegado Fabra, que ha acusado a los socialistas de "apuntar siempre a Bancaja" y no a Caja Madrid o a los problemas de las otras entidades que se integraron en Bankia.

El diputado socialista Rafael Rubio ha insistido en emplazar a Fabra para llevar a los responsables de las cajas a los tribunales y le ha recordado que hace unos días destacó que aquellos que han obrado mal deben responder por las posibles irregularidades ante los tribunales.

La réplica le ha correspondido al consejero de Economía, Máximo Buch, que ha incidido en las declaraciones de Joaquín Almunia y le ha acusado de "estar haciendo de bombero pirómano". "Lo mejor que podría hacer es callarse", ha espetado Buch. "Vamos a apoyar cualquier iniciativa para exigir responsabilidades", ha continuado el consejero, para añadir. “Por favor, no hablen mal del Banco de Valencia. Están contribuyendo a hundirlo".

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El socialista Francisco Toledo ha recordado a los populares que existen dos denuncias contra los gestores del Banco de Valencia y les ha instado “a defender a los valencianos” perjudicados por la actuación de la entidad. “A lo mejor no quieren ir contra José Luis Olivas", ha apuntado Toledo.

El debate ha cambiado de tercio con la pregunta a Fabra del portavoz de Compromís, Enric Morera, que ha exigido conocer el coste de la compra de la empresa Valmor y el coste de organizar la fórmula 1. Fabra ha afirmado que "una vez pase el Gran Premio tendrán detallada cuenta de los gastos y la repercusión en Valencia y la Comunidad Valenciana", a lo que Morera ha replicado que tiene “obligación” de facilitar la información ahora.

"Ha rescatado parte de Bancaja en una empresa quebrada", ha denunciado Morera en referencia a la compra de la empresa Valmor, que gestionaba la F-1 hasta que la asumió la Generalitat y en la que participaba la caja.

Fabra, que ha dicho compartir la preocupación por el gasto en un momento de dificultades, ha destacado, no obstante, el impacto de los grandes eventos y de la fórmula uno. Ha añadido que hay que renegociar para reducir los costes, buscando además la alternancia del Gran Premio con Cataluña.

La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, se ha centrado en la nueva ley de RTVV y en el ERE previsto por la Generalitat y que afectará a más de un millar de trabajadores. Sanz ha exigido responsabilidades por la gestión de la cadena pública, mientras que Fabra ha defendido que los criterios de autonomía y profesionalidad presidirán la nueva ley, que "está abierta al consenso".

"Ha sido la radio y televisión de su partido", ha criticado Sanz, que ha denunciado la opacidad y oscurantismo en el funcionamiento de RTVV. “Es un nicho de corrupción y de prácticas deleznables de acoso sexual", ha rematado en alusión al caso Gürtel y al caso Sanz.

El presidente, que ha negado que vaya a privatizar RTVV, ha reiterado una vez más que la oposición perjudica con sus críticas la imagen de la Comunidad Valenciana.

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