Las becas de Educación se orientan a familias de mileuristas y parados

En una autonomía donde 253.375 personas —el 44% de los 575.667 parados que hay registrados en las oficinas de empleo— ha agotado cualquier tipo de prestación por desempleo, la Generalitat se propone “afinar” al máximo la redistribución de los 228 millones que destinará en becas educativas y universitarias para el curso 2012-2013, para que lleguen a “los que más lo necesitan”. En esta horquilla, las ayudas están orientadas a familias mileuristas, de parados o con hijos en acogida.

En septiembre se acaban, por tanto, las ayudas universales para libros de texto para todos los alumnos de Primaria y Secundaria. También se “desvincula” la beca automática de comedor que recibían los estudiantes desplazados con ayuda al transporte, que beneficiaba a 19.000 alumnos.

Las ayudas están dirigidas a familias mileuristas (donde el padre o la madre percibe menos de 1.200 euros al mes), de tres (por debajo de 1.600 euros) y así sucesivamente hasta las numerosas.

El nivel de renta en 2011, sin embargo, no garantiza la obtención directa de una ayuda al comedor, transporte o libros. Una cosa es presentarse y la otra, obtener la beca. Por primera vez, las becas se concederán por tramos en función de la renta. Es decir, para obtener el 100% de una ayuda habrá que demostrar que cada miembro de la unidad familiar ha ingresado menos de 5.591 euros; el 70% si los ingresos son inferiores a 7.455 y el 40% de la beca si se supera esa renta per cápita.

La novedad reside en que si el solicitante está en el paro en el momento de solicitar las ayudas, podrá actualizar su estado respecto de lo declarado en 2011. Educación, por el contrario, mantiene intactas las ayudas universales a guarderías.

El bono infantil es la única ayuda que el próximo curso se mantendrá sin cambios, con un presupuesto de ayudas directas a las guarderías por alumno matriculado de 30,6 millones y la previsión de que cubra unas 35.000 solicitudes. No obstante, la consejera María José Catalá se plantea “cambios en los criterios” para evitar subidas innecesarias de precios, ya que reconoce que “cada vez que se aumenta la cuantía máxima que puede cobrar” una empresa por plaza escolar, “se encarecen los precios”.

Catalá ha decidido mantener la universidad en este capítulo para “favorecer la conciliación laboral y familiar”, pero admite que no siempre las ayudas llegan al bolsillo del usuario. El tema es delicado, porque no existe una red de guarderías públicas y Catalá estima que hay una caída de natalidad y de hijos de inmigrantes del 10%. Por esta razón el próximo curso permitirá matricular alumnos cuyo nacimiento esté previsto antes del 31 de enero de 2013, para evitar el cierre de unidades.

La oferta de establecimientos de educación infantil autorizada de guarderías privadas supera las 400. Otro centenar y medio son de titularidad municipal, con lo que los precios que paga una familia por un hijo menor de 3 años en un centro municipal (no llega a 100 euros) es tres veces menor que si el niño va a uno privado.

María José Catalá: “Se compensará el ahorro en unas partidas con un esfuerzo en otras”

En cualquier caso, Catalá ha insistido en que el curso que viene se mantendrá intacto el presupuesto de ayudas educativas (libros de texto, comedor y transporte) en 228 millones, incluyendo los 17,3 de becas universitarias, destinados a corregir el incremento de tasas ordenado por el Gobierno central.

“El criterio de no universalizar las ayudas supondrá un ahorro importante en unos capítulos, como el de libros, que irá destinado a las familias que requieren de un trato especial”, puntualizó ayer la consejera, en rueda de prensa, junto al secretario autonómico, Rafael Carbonell, y el director General de Centros, Jorge Cabo.

“Se compensará el ahorro en unas partidas con un mayor esfuerzo en otras becas”, precisó Catalá, en referencia implícita al incremento de las becas universitarias. Un capítulo que se multiplica por ocho, al pasar de 1,9 millones de este curso a casi 18.

Educación está obligada a “priorizar” el destino de los fondos. Según sus previsiones, el número de beneficiarios de becas de comedor se mantendrá en 160.000 personas. Pero se redistribuirán hacia las rentas más bajas. Además de que se otorgan en tres tramos (del 100%, del 70% y del 40%), lo que permite introducir las ayudas de comedor desde la segunda etapa de educación infantil, que se estudia en los colegios.

Se mantienen los beneficiarios directos, que fijan las diferentes leyes autonómicas y estatales, como son: los alumnos de los Centros de Educación Especial, los de los Centros de Acción Preferente (CAES) en zonas o con familias muy desfavorecidas, los hijos de víctimas de la violencia doméstica o de terrorismo y a los estudiantes cuyo centro esté en una población distinta a la de su casa.

Educación sigue adelante con la idea de becar al 100% a los alumnos con Premio Extraordinario, pese a que resulta polémico a nivel pedagógico que sólo se ayude a alumnos con el mejor expediente y no a aquellos con mayor dificultad para el aprendizaje que demuestren un esfuerzo real de superación, partiendo de notas más bajas o de suspensos.

Para afinar en las becas de transporte, que se otorgan automáticamente a los alumnos cuya residencia sea diferente a la del centro docente, se utilizará una herramienta cartográfica que verifique “con exactitud” la distancia entre la casa y el centro. Y para evitar fraudes en las ayudas al comedor, este queda ya desvinculado de las ayudas al transporte. Se trata, según fuentes de la consejería, de evitar tener que financiar a familias con renta media o alta que viven en urbanizaciones fuera del caso urbano, en detrimento muchas veces de los alumnos que residen en la población de referencia y acuden al colegio del pueblo.