Traballo advierte de que la atención a domicilio está “en el aire” en Lugo

El futuro de la asistencia en el hogar para personas sin dependencia reconocida, así como el de los profesionales que no sean trabajadores sociales pero que presten servicios auxiliares —como pedagogos o psicólogos— está “en el aire” en la provincia de Lugo. Esta afirmación no llega de la Diputación, regida por socialistas y nacionalistas, ni de los 66 Ayuntamientos de la provincia que no superan los 20.000 vecinos, los afectados por el decreto del 30 de marzo, que aparta a la Xunta de la responsabilidad de financiar el servicio de asistencia a domicilio básico en los municipios menos habitados para trasladarla a los entes provinciales. Es Coro Piñeiro, secretaria general de política social de la Consellería de Traballo, la que advierte que “si [la Diputación de Lugo] no actúa conforme al decreto, los ayuntamientos pueden sufrir las consecuencias de que determinados programas que se venían desarrollando tengan menos financiación”.

 Aunque Piñeiro y el vicepresidente de la Diputación, Antonio Veiga, se reunieron ayer en Santiago para intentar acercar posturas, al término del encuentro las posiciones de uno y otro continuaban siendo las mismas: el nacionalista Veiga pide que el decreto sea derogado mientras la Xunta insiste en mantenerlo sin modificaciones y anuncia que el resto de Diputaciones han aceptado sufragar este año “una cantidad equivalente a lo que la Xunta destinó el año pasado”. Por el momento, Veiga no descarta recurrir a un contencioso-administrativo si el requerimiento presentado hace un mes contra el decreto no fructifica en un acuerdo. Sea cual sea la respuesta, la Diputación de Lugo acaba de suspender el proyecto de construcción de un polideportivo en Palas de Rei para reservarse 1.075.000 euros, que destinará “a políticas de bienestar”. “De momento no hemos decidido qué uso concreto se les dará, pero creemos que debemos atender lo prioritario”, defiende Veiga, que advierte que esa partida no irá entera para ayuda en el hogar y que sin la colaboración de la Xunta “no se podrá mantener el servicio tal y como estaba”. Las razones expuestas por el nacionalista son idénticas a las esgrimidas cuando la entidad provincial supo de la nueva carga que le encomendaba la Xunta. “Ahora mismo estamos en posturas antagónicas. Los presupuestos los presentamos en diciembre y el decreto se aprobó en marzo”, argumenta Veiga, que insiste en que la consellería “actúo a sabiendas de lo que había, porque ya conocía los presupuestos”.

Del otro lado, Coro Piñeiro insiste en que las competencias de las diputaciones con respecto a los servicios sociales ya aparece en la Lei de Servicios Sociais de 2008 y que el nuevo decreto no hace más que señalar “en qué servicio deben intervenir con mayor intensidad”. La Xunta se reserva la financiación de los trabajadores sociales de todos los Ayuntamientos pero excluye al personal de las unidades de intervención social básica en los municipios que no llegan a los 20.000 habitantes. Este gasto lo tendrán que asumir las Diputaciones, a las que ahora se les exige más pero que sufragan parte del servicio desde hace años (500.000 euros en 2011, 600.000 en 2012); en la de Lugo, la aplicación del decreto supone que al ente provincial se le endosa la atención básica en todos los municipios excepto en el de la ciudad de Lugo.

Veiga: “La Xunta actúo a sabiendas, porque ya conocía nuestro presupuesto”

Piñeiro asegura que la norma protegerá las delicadas cuentas de los municipios, que también aportan lo suyo en el mantenimiento del servicio. “Con este decreto pretendemos no lesionar a los ayuntamientos. Nos comprometemos a que mantengan la financiación igual que al año anterior”. La diferencia es que la parte que ponía la Xunta la desembolsarán las diputaciones. Piñeiro, que reconoce las dificultades económicas “de todas las administraciones”, se aferra al argumento de que la Consellería dejar de financiar “algo que es financiable por parte de las Diputaciones”. “Si no, no lo haríamos”, asegura.