Los agentes censuran a la Intervención

La Guardia Civil considera que la Intervención General ignoró su deber ante las “deficiencias observadas” y las circunstancias que permitieron “un importante menoscabo de fondos públicos” en el fondo de los ERE. Es decir, la fiscalización de los interventores no fue diligente ante las ayudas mal dadas: “No adoptaron de manera reiterada las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas”. El código rojo que debía alertar del menoscabo de fondos públicos, denominado informe de actuación, nunca se emitió pese a los indicios acumulados.

Con esta crítica a la actuación de la Intervención, la Guardia Civil se alinea con los auditores de la Cámara de Cuentas y la tesis de la juez Alaya, que incluso sugirió una posible connivencia entre la Intervención y el gabinete jurídico de la Junta.

Los agentes detallan en su atestado cómo los informes de la Intervención “debían ser conocidos” por el consejero de Economía y Hacienda, puesto que ocuparon la exministra Magdalena Álvarez y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Sobre todo porque esos informes subrayaban cómo los presupuestos se habían ampliado gracias a la firma de ambos para conceder hasta 40 millones sin cobertura presupuestaria.

Hace un año la actual consejera de Hacienda y exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo aseguró ante los periodistas que Griñán nunca conoció los informes emitidos. Pero la Guardia Civil duda de esa versión ante la entidad de las ampliaciones presupuestarias, aunque sin pruebas de momento. “En todo caso era responsabilidad del viceconsejero como receptor de los informes, el haberlos hecho llegar al titular de la consejería”, recuerda el atestado. A pesar de que el ex interventor general Manuel Gómez declaró como testigo que desconoce si Griñán conoció los informes, la Guardia Civil avisa de que continúa investigando la “participacion/conocimiento concreto del titular de la Consejería de Economía”. Gómez aclaró que su departamento no emitió el informe de actuación “porque las deficiencias no corregidas correspondían a la Consejería de Empleo y no a la agencia Idea, que era la auditada”. Pero sobre todo porque “no hubo ninguna razón entonces para emitir el informe, ya que el posible menoscabo a los fondos públicos se ha conocido después”, según el ex alto cargo.

En opinión de los investigadores, los miembros del Consejo de Gobierno andaluz conocieron el sistema utilizado “participando en mecanismos que lo harían viable (...) al tratarse de una herramienta caracterizada por su excepcionalidad”. El informe considera que esas ampliaciones presupuestarias resultaron decisivas para sostener un sistema de ayudas que nació para sortear las alegaciones planteadas en 2000 por la Intervención. De este modo, los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández firmaron un convenio “para disminuir las posibilidades de control y fiscalización” sobre las subvenciones.

Fernández ya conoció en 2009 el difícil “encaje jurídico” de las ayudas, según refleja un fax incluido como anexo. La claridad de las conclusiones es reveladora: “Se ha eludido el trámite de control financiero individual de las ayudas (...) Aún tratándose de ayudas excepcionales de concesión directa, es preciso observar un determinado procedimiento”.