Los socialistas se estrellan de nuevo contra el ‘muro foral’ del PNV y el PP
Un debate sobre archivos deriva en choque con el modelo de país al fondo
Un debate de apariencia menor,sobre los archivos de titularidad estatal, que el Gobierno vasco quiere unidos bajo gestión única en el Archivo Nacional Vasco y el PNV, apoyado por el PP, residenciados en cada diputación, derivó ayer en nuevo choque sobre el modelo de país.
A la vista, y como telón de fondo de la discusión, quedaron de nuevo las preferencias de cada uno de los tres principales grupos de la Cámara, sobre el predominio de las instituciones comunes (los socialistas) o las forales (PNV y PP).
La mayoría que estos dos grupos sumaron en apoyo de la iniciativa de la parlamentaria peneuvista Leire Corrales condenó al fracaso al grupo del Gobierno. La Cámara declaró esos archivos, recientemente transferidos, como competencia de las diputaciones, e instó al Ejecutivo a traspasárselos, junto con su “financiación”
El debate, que protagonizaron principalmente Corrales y la parlamentaria del PSE-EE, Pilar Pérez-Fuentes, estuvo adobado por el escozor del PNV a causa de un cambio, tan menor en apariencia como la materia de la discusión, que el Gobierno vasco logró introducir en el texto legal de la transferencia y que ahora le permite retenerla.
El PNV condicionó este traspaso, cuando el Ejecutivo de Patxi López lo tenía ya en avanzado estado de negociación con el de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue en 2010, el ejercicio en el que vetó y mantuvo bloquead todo un año la transferencia de las políticas activas de empleo por unas bonificaciones que finalmente terminaron costando dinero a la comunidad autónoma. En el caso de los archivos, lo que hizo fue poner como condición que su destino final fueran las diputaciones, es decir, que el Ejecutivo de Pitas López tuviera el irrelevante papel de recoger de Madrid con una mano y ceder de inmediato con la otra a las diputaciones. El compromiso no se “jurídico”, admitió, sino “cuestión de voluntad política, de respeto a lo acordado ya la palabra dada”, reclamó Corrales, tras acusar “a quienes mandan en el PSE de Euskadi” de estar “incumpliendo lo comprometido por el propio señor Zapatero”.
El PNV exige para las Diputaciones los archivos recién cedidos al Gobierno
La cuestión es que, del mismo modo que el PNV había jugado sus cartas, el Gobierno López utilizó las suyas. Y lo hizo a la hora de la verdad y en el foro decisivo: la Comisión Mixta donde se firman finalmente las transferencias. Se negó a suscribir lo que era un mandato imperativo —”La comunidad autónoma materializará la transferencia a los territorios históricos”— y lo sustituyó por una redacción en la que ese compromiso queda diluido y resulta eludible: “La comunidad autónoma, en su caso, procurará materializar” el traspaso.
¿Qué es lo que hecho y qué piensa el actual Ejecutivo? Quedarse la competencia y abogar por que la gestión de esos archivos, cuya titularidad sigue y seguirá siendo del Estado, la realice el Gobierno, a través del Departamento de Cultura y en términos "de país", en lugar de las diputaciones de modo desagregado. En ese terreno situó la cuestión, que reconoció también como política, la socialista Pérez-Fuentes. Defendió la configuración de un Archivo Histórico Nacional, que, estará listo a final de año, y que, según afirmó, es lo que quieren investigadores y directores de los provinciales. “¿Con qué piensan llenarlo?”, interpeló a Corrales, si los contenidos están dispersos bajo gestiones territoriales. “¿Tienen interés en que haya realmente un Archivo Histórico Nacional o pretenden vaciarlo? ¿Qué han hecho ustedes realmente por fortalecer esa idea central de un Archivo Histórico Nacional?”
Pérez-Fuentes, historiadora de formación, puso como ejemplo el modelo catalán, con una gestión unitaria, y funcionamiento en red. Respecto de la negociación entre el PNV y el PSOE en 2010, consideró al Gobierno de López liberado de compromisos “adoptados a sus espaldas” y “por intereses, no de país, sino partidistas del PNV y con objeto de debilitarlo”. La Comisión Arbitral es el destino seguro de este conflicto, toda vez que Bizkaia envió ya el requerimiento previo al Gobierno.
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