El aula de los bebés sedados en Vigo carecía de licencia

Ninguno de los bebés intoxicados por tranquilizantes en Vigo estuvo en peligro de muerte, como pensaron sus padres, su cuidadora estaba en tratamiento psiquiátrico desde tres años antes y el aula de la guardería La Camelia donde fue provocada la intoxicación carecía de licencia. Fueron los tres aspectos más relevantes de la tercera sesión del juicio que se celebra en Vigo contra la cuidadora de dicha guardería, N.V.G., acusada de sedar a nueve bebés en marzo de 2009, por lo que la fiscalía pide para ella 14 años de prisión.

 La pediatra que atendió en urgencias del Hospital Xeral al primero de los bebés intoxicados, el más grave, era a su vez su pediatra de cabecera. El niño ingresó en la UCI, quedó hospitalizado cinco días y eliminó los tóxicos sin sufrir ninguna secuela. La doctora declaró que una sobredosis de benzodiacepinas , principio activo del trankimazín, puede provocar secuelas e incluso ser mortal, aunque no en este caso. “Estaba mal, pero no para para que se produjese su muerte inminente si no se actuaba en ese momento”, afirmó. Los demás bebés atendidos aquel 12 de marzo de 2009 tenían los mismos síntomas, pero con menor intensidad.

Otra pediatra que atendió a seis bebés al día siguiente señaló que habían quedado ingresados de manera “preventiva”. Uno de ellos, una niña, ya había sido atendida, por síntomas coincidentes, el 22 de febrero —fecha en la que N.V.G. empezó a trabajar en La Camelia—, pero entonces estuvo en observación, sin hacérsele ninguna analítica.

Salud mental

 N.V.G. anticipó en marzo la retirada de tres recetas pautadas de trankimazín —las tres cajas que se encontraron en su casa—, prescrito para un síndrome ansioso-depresivo que padecía desde 2006 y que a la sazón complementaba con una consulta psiquiátrica privada. Las pastillas de ese fármaco no se parten por sí solas, afirmó en relación con las 10 mitades encontradas en el domicilio de N.V.G.

Una inspectora de la Xunta declaró por último que el aula de La Camelia en la que trabajaba la acusada carecía de autorización. La guardería había desdoblado el aula en dos, separándolas con una mampara, para albergar a 14 bebés y cumplir la exigencia del máximo de ocho por unidad. “Le sobraba un aula”, declaró. Tampoco constaba en la Xunta el certificado médico en el que debería constar la salud mental de la cuidadora.