La justicia exigirá una auditoría del Sant Pau por si hubo malversación

La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en el hospital catalán de Sant Pau se centra en averiguar si sus máximos responsables malversaron fondos públicos. Para ello, el juez y el fiscal necesitan conocer la compleja estructura financiera del centro hospitalario, que desde hace 21 años está dividido en dos fundaciones privadas: una, dedicada a la asistencia médica, se nutre enteramente de fondos públicos. Sus presupuestos se integran en los de la Generalitat y la contratación se rige por las normas del sector público. La otra está destinada a rentabilizar el patrimonio inmobiliario de Sant Pau, incluidos los edificios históricos.

El fiscal del caso pedirá que la Intervención General de la Generalitat de Cataluña —el órgano que fiscaliza las cuentas de la Administración— realice una auditoría de esas fundaciones, donde están representadas la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Iglesia. Los representantes de la Administración pública ostentan la mayoría en ambas. El pasado marzo, la Generalitat intervino el Sant Pau por un agujero de 30 millones en sus cuentas.

Parte del dinero que recibe la fundación de gestión asistencial sirvió para pagar, presuntamente, indemnizaciones y sobresueldos injustificados a altos cargos. Esa es la base de la denuncia que ha originado la investigación y que presentó, hace unas semanas, la radióloga Carme Pérez. Destaca el caso de Ricard Gutiérrez, que cobró del Sant Pau como gerente hasta 2011, pese a que había dejado el cargo en 2004. La denunciante también cuestiona los pagos a Joan Ros y José Ignacio Cuervo, que cobraron diversas cantidades del hospital pese a ejercer como patronos.

El objetivo ahora es comprobar que existen esos “contratos irregulares” que fueron “en detrimento del activo de la fundación” gestora, según el auto de imputación. El juez pedirá al hospital documentos que acrediten los pagos y los originales de otras facturas, ya que las presentadas por la denunciante fueron obtenidas de forma anónima. Dos responsables del Sant Pau —el presidente de la fundación gestora, Albert Folia, y el de la patrimonial, Josep Lluís Alay— declararon ayer como imputados por los presuntos delitos de malversación y contra los derechos de los trabajadores.

Alay, que lleva un mes en el cargo —la presidencia es rotatoria— aseguró que ignora cualquier tipo de irregularidad. Folia, por su parte, afirmó que su papel era altruista y representativo y que no participaba en la gestión directa del centro. Ese papel lo desempeñaba el exgerente, Jordi Varela, que también será citado a declarar, con toda probabilidad como imputado. Contra la tesis de la denunciante, Folia defendió que la fundación patrimonial hace aportaciones al hospital; por ejemplo, de dos edificios valorados en 40 millones cada uno.