A más ladrillo, más deudas

La apuesta por el desarrollo urbanístico de muchos municipios de interior cercanos a la costa de la Comunidad Valenciana ha devenido, en la mayoría de los casos, en un fiasco. La perspectiva de obtener inyecciones de dinero que no se concretaron por la paralización del sector del ladrillo y el incremento de los costes que originó comenzar a conformar un término municipal disperso desembocó en un exceso de gasto no avalado por los ingresos. Con los años, la consecuencia ha sido la ruina económica, que ahora se traduce en innumerables recortes en los servicios públicos.

Es el caso de Finestrat, el municipio valenciano más endeudado de entre las poblaciones con menos de 20.000 habitantes. Sumando la deuda financiera y los pagos pendientes a proveedores, esta localidad, de apenas 6.000 habitantes, que ha triplicado su población desde el año 2000 por su proximidad a Benidorm, debe 22 millones de euros.

La remisión de facturas impagadas al Gobierno para someterse a un plan de ajuste suma 12 millones de euros y su remanente negativo de tesorería a finales de 2010 —último ejercicio auditado por la Sindicatura de Comptes— fue de casi 9,6 millones. Ese mismo año, en plena crisis, el Consistorio, gobernado por el PP desde 2007 con mayoría absoluta, tuvo un desfase presupuestario negativo de 970.664 euros sobre un presupuesto de 14 millones.

Finestrat debe 22 millones

Cuando el PP alcanzó el poder, la deuda era de ocho millones de euros. El actual portavoz socialista, Vicente Martínez, se queja de que “han estado camuflándola para no disparar las alarmas y no sobrepasar el límite máximo legal de endeudamiento que, ahora, cuando han reconocido que se deben 22 millones, está más que rebasado”· “Se ha desbordado todo porque el gasto sigue descontrolado”, prosigue Martínez, para quien “Finestrat podría ser un pueblo rico si se toman medidas”, ya que “solo del Impuesto de Bienes Inmuebles ingresa casi siete millones de euros”. Pero no se trata solo de la deuda, de la que el PSPV culpa al anterior edil de Hacienda, Juan Francisco Pérez. Hoy, en Finestrat, hay siete urbanizaciones diseminadas y otra media docena por desarrollar.

Frente a esta fallida aventura, otro municipio, Parcent (1.123 habitantes), en La Vall de Pop de La Marina Alta, decidió rebelarse ante el frenesí urbanizador que se desató tras las elecciones de 2003 con la alcaldesa del PP, María del Carmen López. El movimiento vecinal que surgió para oponerse a los tres PAI aprobados en enero de 2006, que preveían la construcción de 1.800 viviendas, acabó generando la llamada doctrina Parcent, al posicionarse en contra el Tribunal Superior de Justicia y denunciar luego el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la política urbanística valenciana. De aquella movilización surgió el Gobierno local de Coalición Democrática de Parcent, hoy con una amplia mayoría, que dio carpetazo al plan general ideado por sus predecesores y se comprometió con la transparencia.

Cada año el Ayuntamiento de Parcent hace públicas sus cuentas. Este ejercicio manejará un presupuesto de 626.775 euros —que llegó a ser de 2,31 millones en 2006—, solo un 0,6% inferior al del año anterior, en plena crisis y caída generalizada de ingresos para la mayoría de municipios valencianos. No ha necesitado un plan de ajuste y mantiene una única deuda de 22.532 euros con la empresa de los contenedores soterrados de recogida de residuos, con la que ha pactado el pago cuando el Ayuntamiento cobre el Plan Confianza. Las cuentas de 2011 se cerraron con 27.000 euros de superávit y el Consistorio incluso adelantó 43.000 euros de salarios que debería haber abonado la Generalitat.