Los jefes de la patronal

Hace escasamente dos daños el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, se veía obligado a dimitir de su cargo tras conocerse la quiebra de sus empresas y protagonizar una gigantesca estafa a sus trabajadores, proveedores y clientes. La semana pasada se conocía que la empresa de Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), incapaz de hacer frente a sus multimillonarias deudas entraba en concurso de acreedores, lo que no fue obstáculo para que Fontenla fuese reelegido por cuarta vez consecutiva como presidente de la patronal coruñesa. Estos son nuestros dirigentes empresariales, los que pontifican sobre la situación económica, los que muestran el camino a seguir para salir de la crisis que asola al país, los que proponen sacrificios sinfín para la mayoría de la sociedad y se permiten descalificar a quienes, como los sindicatos, discrepan y se oponen a sus inaceptables recetas económicas y sociales. ¡Joder, qué tropa!

Hace unos años, la CEOE presentó al Gobierno un plan para construir autopistas, carreteras, líneas ferroviarias y diversas obras hidráulicas, cuya explotación y financiación sería privada. El plan, de haber sido aprobado, hubiese representado un impulso formidable a la España de dos velocidades, consolidando un triángulo económico (Madrid, Cataluña, Levante) altamente desarrollado a costa de la marginación del resto del país. Pues bien, preguntado Antonio Fontenla, en su calidad de presidente de la CEG y de miembro de la dirección de la CEOE, por su opinión acerca de que los planes empresariales no contemplaran ninguna inversión en Galicia, su respuesta no dejó lugar a la más mínima duda: “El plan no prevé inversión en Galicia por la sencilla razón de que no es rentable a corto plazo”. Este es el compromiso del presidente de la patronal gallega con su sociedad y con su país.

Con posterioridad, en diversos foros, Antonio Fontenla dejó muy claro cuáles son las líneas fuerza de su proyecto económico: reducción drástica del gasto público, especialmente del gasto social que considera insostenible, rebaja de impuestos (señaladamente el de sociedades), revisión del sistema de pensiones públicas y una reforma laboral que deje bien claro que cuando un trabajador cruza el umbral de la empresa queda sometido al despotismo sin brida del empresario o de sus agentes. Es decir, una reforma laboral que conduciría a formas de dominio neopatriarcal sobre los trabajadores, más cercano a la vieja loi de famille del Antiguo Régimen que a un moderno sistema de relaciones laborales.

Pero si el presidente de la patronal gallega prescindiese de apriorismos ideológicos y dejase emerger la realidad entre la tupida maraña de sus prejuicios, descubriría que el gasto social en España apenas alcanza el 20% del PIB mientras el promedio europeo se sitúa en el 27%, con el agravante de que el nuestro ha venido disminuyendo desde 1993, año en el que representó el 24% de la riqueza nacional. No parece, pues, que esto haya sido el detonante de nuestra crisis ni la explicación a nuestros actuales diferenciales económicos con los países más desarrollados. También habría descubierto Fontenla que países como Alemania, Suecia, Holanda, Dinamarca o Finlandia son los que salen mejor parados en todos los estudios, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como desde el de la equidad. Estas naciones, desafiando todos los tópicos neoliberales que predica Fontenla, venían creciendo a buen ritmo, conocían altas tasas de inversión y, sin embargo, tienen los sistemas de protección social más desarrollados del mundo. Todo ello con una baja inflación y sin déficit público apreciable hasta hoy. Son también los países mejor integrados internacionalmente y su comercio representa aproximadamente el 35% de su PIB.

Nada de esto dice el señor Fontenla, que además se olvida sistemáticamente en sus sermones de recordar la economía sumergida y el escandaloso fraude fiscal existente en nuestro país. Así pues, ha llegado la hora de retirar ese manto protector del que parecen gozar nuestros empresarios, y de que estos rindan cuentas ante la sociedad como el resto de los agentes políticos-sociales del país.