La oposición rechaza la “drástica” reducción de viviendas protegidas

Mucho ha cambiado el mercado inmobiliario desde que, en 2008, el bipartito aprobó una Lei de Vivenda que elevaba al 40% las reservas de pisos protegidos en los principales ayuntamientos de Galicia, los de más de 20.000 habitantes. Pero según los antiguos socios de gobierno, ahora en la oposición, no tanto como pretende la Xunta del PP con el proyecto de ley que sustituirá la de la nacionalista Teresa Táboas, que ayer inició su trámite parlamentario. De entrada, el 40% pasará a convertirse en un 30%. En la práctica, una excepcionalidad, la que permite vincular la oferta a la población anotada en el registro de demandantes, permitiría, con las inscripciones actuales, llevar esa rebaja hasta una media del 14,4%. El dato no se le escapó a la oposición, que censuró esta “drástica reducción” y pidió la devolución del proyecto de ley.

Los votos del PP tumbaron las enmiendas a la totalidad de socialistas y nacionalistas, con lo que la Lei de Vivenda, el último gran proyecto de la legislatura del conselleiro Agustín Hernández, inició su meteórico trayecto parlamentario por procedimiento de lectura única, lo que facilitará que entre en vigor este verano. El diputado del PSdeG Luis Toxo tachó el proyecto de “desregulador”, orientado a “favorecer más los intereses privados que los generales”. La ley contempla la vivienda “más como una mercancía que como un derecho”, acusó Toxo, que consideró la rebaja de las exigencias de viviendas protegidas un ejemplo de la “renuncia a políticas sociales”. En algunos casos, como Carballo o A Estrada, la reducción será del 90%, alertó.

La nacionalista Isabel Sánchez Montenegro utilizó cifras muy similares para sustentar el rechazo del BNG al proyecto de la Consellería de Territorio. La diputada del Bloque también censuró que rebaje de 140 a 120 metros cuadrados el mínimo de superficie de la vivienda protegida y la supresión de la superficie mínima de 40 metros cuadrados que regía en general para las viviendas desde la ley de 2008.

Otra coincidencia de socialistas y nacionalistas fue la denuncia de una supuesta intención de “favorecer los intereses de los promotores” inmobiliarios, en palabras de Sánchez Montenegro. En ese contexto situó también la diputada del Bloque la reducción de hasta un 50% de las multas previstas en el régimen sancionador de la ley, por infracciones tales como el cobro de sobreprecios en pisos protegidos. “Es un proyecto de ideología liberal”, criticó el diputado del PSdeG.

Agustín Hernández abrió el debate con la defensa de un proyecto que consideró “atemporal”, y que debe servir de herramienta para recuperar la actividad en el sector de la construcción. El texto, afirmó el conselleiro de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, pretende “contribuir a la estabilidad normativa” y aportar “claridad y sencillez” en la legislación, además de ser una “guía útil también para regular la actividad de los promotores y agentes implicados” en el sector. Entre las novedades de la ley, Hernández destacó el nuevo régimen de copropiedad con la Xunta, por el que el comprador de una vivienda de promoción pública adquirirá un mínimo del 60% del inmueble, pudiendo comprar posteriormente el resto.

Agustín Hernández cerró su intervención reclamando el apoyo de la oposición a la nueva ley. Y lo obtuvo, al menos, en una de las disposiciones más controvertidas de su proyecto legislativo, silenciada por la oposición: la que establece una suspensión generalizada de todos los derribos de edificaciones ilegales establecidos por sentencia firme. La medida se incluyó en la ley pese al informe en contra de la Asesoría Xurídica, que dedicó 17 folios de a alertar de su difícil “encaje jurídico”. Lo ilustró con el caso de Cantabria, donde una medida idéntica ha acabado en el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso presentado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La ley obliga a la Administración a abrir un procedimiento de responsabilidad patrimonial, para indemnizar a los propietarios antes de efectuar el derribo, incluso en el caso de que hayan incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. El plazo para abrir ese procedimiento de responsabilidad patrimonial es de un año desde el momento del daño efectivo, pero como ese daño no se produce hasta la demolición del inmueble, la modificación legal supondrá la inejecución de las sentencias anuladoras de licencias. En el caso del PSOE, la renuncia a polemizar con esa disposición se produce después de la presión realizada por un numeroso grupo de alcaldes en una reunión en la sede del partido miembros de la ejecutiva y del grupo parlamentario.