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CASO ORQUESTA

El juez reactiva el ‘caso Orquesta’ tras la ratificación de 28 imputaciones

La fiscalía confirma los cargos contra los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión

El regidor socialista de Muxía, llamado a declarar como testigo

El juez número 2 de Corcubión, Andrés Lago Louro, que instruye el caso Orquesta
El juez número 2 de Corcubión, Andrés Lago Louro, que instruye el caso Orquesta

No habrá sobreseimiento. Por el momento. Y casi 30 personas —cargos públicos, funcionarios, empleados municipales y constructores— continuarán imputadas en la Operación Orquesta, la trama de corrupción destapada por casualidad hace ya dos años y medio en la Costa da Morte. “No procede acordar en este momento procesal el sobreseimiento de la causa respecto de ninguno de los imputados”, resolvió la fiscalía en un informe de febrero pasado. Siguen en libertad provisional, acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, los alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba, y de Mazaricos, José Manuel Santos, ambos del PP; el exregidor independiente de Cee Ramón Vigo, desbancado del cargo por una moción de censura en marzo pasado y que evitó la cárcel al pagar 29.000 euros de fianza; así como concejales de estos tres ayuntamientos, entre otros. El último imputado, ya a finales de septiembre de 2011, fue el alcalde de Corcubión, el socialista Francisco Javier Lema Fuentes.

Su homologo de Muxía y compañero de filas, Felix Porto, deberá declarar el 12 de junio, en calidad de testigo, ante el instructor del caso y titular del Juzgado número dos de Corcubión, Andrés Lago Louro. La secretaria municipal también está convocada para ese día. Con ambas citaciones se reactiva esta investigación judicial, tras desestimar la fiscal las alegaciones de uno de los imputados, Carlos Rey Paz. Funcionario del Juzgado de Paz de Muxía, está imputado al considerar el juez instructor por “posee, dirige y protagoniza su propia actividad defraudatoria”, al margen de los manejos de los demás implicados, como alcaldes y constructores.

Rey Paz, cuyos teléfonos fueron intervenidos a los largo de 2010, está acusado de “falsificar facturas para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta” de la Xunta. Actuaba en “clara connivencia con funcionarios de la Consellería de Cultura”, según un auto del juez. El propósito final era organizar festejos a través de asociaciones para buscar el reedito electoral del PP de Corcubión, según consta además en las citadas escuchas policiales.

Este funcionario de Muxía está también investigado por actuar como intermediario de otro de los principales encausados de esta trama de corrupción, el representante de orquestas Jorge López Lago. A cambio de comisiones en metálicos, Carlos Rey Paz se encargaba supuestamente de cobrar comisiones para que ayuntamientos de la comarca, como el de Muxía, contratasen los servicios del agente artístico y de las formaciones a las que representaba.

La fiscalía es tajante en su informe para desestimar las alegaciones de este funcionario contra su imputación por cohecho, tráfico de influencias y fraude de subvenciones públicas: “A poco que se haga una mínima aproximación al caso de Carlos Rey Paz, resultan numerosísimas las cuestiones a juzgar”. Cuando concluya, con un auto de procesamiento, el análisis de la abultada cantidad de documentación y conversaciones grabadas que recoge este sumario, reseña la fiscal, habrá que determinar si Rey Paz, además de autor del “cohecho pasivo que se investiga”, también es cooperador necesario o inductor de la comisión de ese delito.

La declaración como testigo del alcalde de Muxía ayudará a avanzar en la resolución de este punto concreto. Porto será interrogado sobre las sucesivas conversaciones grabadas entre Jorge López y Carlos Rey, entre febrero y mayo de 2010, en las que ambos hablan de la organización “de un fiestón en Muxía” y su pago. Incluye una comisión de 500 euros que el regidor, según dicen los dos imputados en las escuchas policiales, supuestamente hizo entregar “en un sobre para no andar con bancos ni transferencias” al funcionario por estas gestiones. Rey Paz incluso indica a su socio que “apalabre el 50% facturado y el 50% sin factura”.

La contratación de obras públicas, bajo sospecha

El meollo de la trama de corrupción investigada en la Costa da Morte está en las obras públicas concedidas la mayor parte del tiempo a dedo por alcaldes, previo amaño y posterior pago de sobornos, a Construcciones Ogando, una empresa de Muxía dirigida por padre e hijo, ambos entre los principales encausados del caso Orquesta. Las escuchas policiales a las que, durante un año, la policía sometió a los protagonistas de este entramado derivó en febrero de 2011 en la detención de los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Cee —ahora ya relevado—, sus ediles de Obras y los dos constructores mencionados.

La lista de implicados fue creciendo —suma ya 28 personas, incluidos los secretarios municipales de estos tres ayuntamientos— a medida que los investigadores fueron analizando los documentos intervenidos tanto en las sedes de estas corporaciones como en la oficina de los promotores Ogando. Allí fue donde la policía encontró papeles sobre dos obras localizadas en Corcubión que llevó al juez a imputar, siete meses después de aquellas detenciones, al propio regidor de este ayuntamiento. Lema Fuentes, primer socialista directamente implicado en esta trama, está acusado de tráfico de influencias y prevaricación.

El alcalde de Muxía de momento no está imputado. Pero también hay una obra contratada por este ayuntamiento a la empresa de los Ogando, por importe de 168.395 euros para acondicionar tres caminos, que también está bajo sospecha. La policía considera en su informe sobre documentos incautados a los constructores que, al igual que en Mazaricos, Cee y Fisterra, se le pudo dar a esas obras de Muxía “una aparente formalidad al procedimiento de contratación [negociado sin publicidad] de la obra decidida de antemano”.

Muchos de los amaños entre los alcaldes de la Costa da Morte y los constructores Ogando se resolvían durante comidas. En diciembre de 2010, por ejemplo, los dos empresarios del ladrillo organizaron una grande con políticos y funcionarios de la comarca. En su informe sobre el ágape, con reportaje fotográfico incluido, la policía no pudo acreditar la asistencia del alcalde de Muxía, que estaba invitado. Pero sí acudió la secretaria municipal, acompañada de su pareja.