El Gobierno amplía la posibilidad de comprar el suelo de pisos protegidos

Tercera y puede que última oportunidad para que los propietarios de viviendas de protección oficial compren el suelo en el que están construidos sus hogares. El Departamento de Vivienda ofrecerá este verano la posibilidad de adquirir suelo público a cambio de que las viviendas permanezcan con la calificación de vivienda pública de manera permanente. El proceso, cuyas solicitudes podrán ser presentadas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, se abrirá a más familias que en fases anteriores no pudieron acogerse a esta operación porque el tope de ingresos para poder entrar en ella pasará de 39.000 euros anuales a 50.000.

La iniciativa, la tercera desde que en 2010 se decidiera ofrecer esta alternativa, permitirá que, al final de la legislatura, 16.000 propietarios de viviendas —y otros tantos de garajes y locales— hayan tenido la posibilidad de comprar suelo por precios que oscilan entre los 10.000 y los 22.000 euros. La solución busca que las personas que han ido comprando viviendas de protección oficial (VPO) no las pierdan cuando finalice su plazo. Este hecho se debe a que, si bien lo construido es propiedad de quien lo compra, el suelo sobre el que se asienta sigue siendo de naturaleza pública, lo que en la práctica hace que, al cabo de 75 años, la VPO pase a manos de la administración de nuevo por la extinción del derecho de superficie, sin que sus propietarios tengan derecho a recibir una indemnización por ello.

En esta ocasión, podrán acceder a la compra de suelo los propietarios de VPO que no lo hicieron en las dos fases anteriores y de viviendas protegidas edificadas en derecho de superficie o transmitidas en régimen de propiedad temporal de 75 años y a aquellas viviendas que han perdido la calificación con el paso del tiempo. El objetivo es “que sus titulares puedan acceder a la plena propiedad”, según el departamento, tanto de la vivienda en sí como del suelo, y que al mismo tiempo se evite "un problema de fondo a largo plazo para los intereses públicos, una vez extinguido el derecho de superficie o finalizado el plazo de la propiedad temporal", ya que al cabo de un tiempo la administración se encontraría con el retorno de un paquete de VPO antiguas y con familias que se quedarían sin su hogar.

Las dos primeras

La primera fase, a la que se pudieron acoger nada menos que 14.401 propietarios de viviendas y locales, supuso 1.763 operaciones de compraventa, el 12,2% de todos los casos posibles. En la segunda etapa, que tuvo lugar el año pasado, los propietarios que podían comprar suelo fueron 7.252, de los cuales 1.186 se acogieron a esta posibilidad, un 16%. En total, las 2.949 operaciones han supuesto al Gobierno vasco ingresos por más de 32 millones de euros.

Con la ampliación de la horquilla de ingresos, Vivienda prevé acabar con uno de los obstáculos para que los propietarios se sumen a esta posibilidad. Otro de los frenos que detecta la consejería de Iñaki Arriola es que la adquisición de suelo obliga a que las viviendas se mantengan como VPO de forma permanente —lo que obliga a que, en caso de venta, los propietarios se atengan a los precios regulados por la administración—.

Los propietarios de promociones de VPO temporal calificadas provisionalmente a partir de enero de 2003, una promoción de locales comerciales y promociones calificadas después de junio de 2011 no habían tenido la posibilidad de acceder a la compra de suelo, así como aquellos que tienen ingresos anuales entre 39.000 y 50.000 euros de fases anteriores. Los que se encuentran en este margen —teniendo en cuenta los datos fiscales de 2010— podrán acceder por primera vez a la compra de suelo, mientras que los que cuenten con ingresos superiores seguirán fuera. Este cambio se debe a un intento de unificar los requisitos, ya que Vivienda ha introducido modificaciones en los ingresos a la hora de acceder a las VPO.

La orden que regulará la nueva fase llega después de que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya desestimado dos recursos contra la orden de 2010. El recurso se interpuso porque, a juicio de los denunciantes, la consejería se excedía de sus competencias y porque “quedarían gravados con los derechos de adquisición preferente permanente” si se acogiesen a las medidas recogidas en la orden. En el segundo recurso se censura la calificación permanente de las viviendas como protegidas.

Dos sentencias avalan la venta de suelo promovida por Vivienda

El Superior considera que “no se impone la compra” y que la orden “no modifica los términos en los que se constituyó el derecho de superficie, sino que posibilita a los titulares de las viviendas la adquisición del suelo público, posibilitando la consolidación de la propiedad del suelo y de la vivienda y evitando la extinción del derecho de superficie por el transcurso del tiempo, que conlleva la pérdida de la propiedad”. También defiende que no haya negociación entre la administración y el propietario a la hora de comprar suelo porque “no se está en el ámbito de la vivienda libre”.