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La Cámara de la Propiedad de Bizkaia se cerró con un gasto extra de 2,6 millones

El País

El pleno del Tribunal Vasco de Cuentas (TVCP) ha aprobado por unanimidad el informe de fiscalización de la gestión de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia desde 2006 a 2011, dentro de su proceso de liquidacíón, en el que percibe un exceso de gasto de 2,6 millones. También, “actuaciones al margen de la ley” cuando el departamento de Vivienda del Gobierno vasco estaba dirigido por Javier Madrazo (EB).

El informe expone cronológicamente las modificaciones del patrimonio de la Cámara y concluye que “la estricta liquidación” de la entidad debería haber significado un desembolso de 1,7 millones. Sin embargo, hasta el 31 de agosto de 2010 se gastaron 4,3 millones, esto es, 2,6 de más.

Según el documento, las contrataciones del entonces delegado en Bizkaia del departamento de Vivienda, José María Gonzalo, se hicieron incumpliendo la Ley de la Función Pública Vasca y “sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”. El informe concluye que el ex delegado “se excedió” en las funciones de su nombramiento al efectuar gastos para los que no tenía competencia. Asimismo, las obras y compra de mobiliario en el edificio de la Cámara por un importe de 2,1 millones se realizaron “al margen de los procedimientos legales previstos”.

El TVCP también recoge que Gonzalo “no era competente” para autorizar una partida de 330.000 euros para la producción de la película Ander, de temática gay y rodada en euskera, por parte del colectivo Aukeratu, promovido por el departamento de Madrazo.

El informe recrimina al Gobierno vasco “por no haber supervisado” la liquidación de la Cámara. Sobre la gestión del departamento de Vivienda, afirma que “no ha sido acorde con los objetivos marcados” en el decreto del Ejecutivo de enero de 2006 sobre el destino del personal y patrimonio de las Cámaras.

El Tribunal detalla la contratación irregular de seis personas por 365.900 euros. Tras acudir a los tribunales, cinco trabajan en la actualidad como laborales indefinidos para el Gobierno vasco.

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