La plaza

Fiel a su mejor estilo, Esperanza Aguirre arremetió contra el 15-M con el argumento de que ocupar las plazas supone privatizar el espacio público. Más allá de lo cómico que resulta el comentario en boca de esta ferviente defensora de la democracia al servicio de unos pocos, sirva su intervención para debatir sobre la naturaleza pública de los espacios urbanos, a la luz de las movilizaciones que llevan meses expresándose en plazas de todo el mundo.

Los espacios públicos de las ciudades han tendido a ser interpretados como aquellos espacios que son propiedad de la Administración pública, de manera que se deduce que habrá mejor ciudad cuantas más plazas y parques sean gestionadas por el Estado y los Ayuntamientos, garantes sobre el papel del bien común. Sin embargo, ya hace tiempo que la academia y la práctica urbanística defienden que una buena ciudad también la conforman la vivienda de calidad, las buenas escuelas, los buenos comercios e incluso los jardines privados. No es la propiedad pública la que garantiza la buena ciudad, sino la vocación abierta y colectiva de sus espacios públicos, esto es, su capacidad de garantizar y expandir la igualdad de acceso, la libertad de expresión y la mezcla de usos e identidades. Y este carácter colectivo de los espacios urbanos no depende necesariamente de quien posee su propiedad, aunque algunos, como Oriol Bohigas, defiendan que no puede haber ciudad justa sin colectivizar la propiedad del suelo.

Algunos de los ejemplos más claros de esta ambigüedad público-privada de los espacios urbanos los constituyen los estadios deportivos, los centros comerciales y los mercados. Precisamente, el mercado es hijo de la plaza pública, como la democracia, aunque ambos se encuentren hoy en flagrante contradicción. El mercado clásico es un espacio al aire libre al que todo el mundo puede entrar en igualdad de condiciones y cuyo desarrollo económico depende de que haya una gran circulación de gente y de tráfico. La apertura es condición necesaria para su productividad económica. En cambio, Wall Street, emblema del libre mercado en nuestros días, es un espacio cerrado, dirigido por unas pocas élites y blindado a cualquier tipo de escrutinio público. La transparencia propia del mercado tradicional, que contrasta con la opacidad de los mercados actuales, es una de las reivindicaciones claves del movimiento 15-M.

Pero los espacios abiertos y al aire libre no son los únicos espacios públicos determinantes de una buena ciudad. También las bibliotecas, las escuelas, los centros culturales y los ambulatorios, encarnación de las conquistas sociales, son espacios públicos en su sentido más pleno, porque su universalidad parte de la igualdad de acceso y porque, por el camino, logran igualdad mediante la formación y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Recortar o eliminar estos servicios es privatizar el espacio público.

También lo es dificultar el acceso a la vivienda, derecho fundamental antes que espacio privado. Viviendas inalcanzables, precariedad de la vida económica de las familias y desahucios hacen la frontera entre espacio privado y espacios públicos más porosa que nunca. Paradójicamente, para muchas personas hoy la calle es más refugio que la casa. Promover la vivienda desde lo público, en lugar de dejarla en manos de los bancos, que la consideran una mercancía más, es proteger el espacio público.

La ciudad es mucho más que sus edificios, y la apropiación ciudadana de calles y plazas revitaliza la democracia a partir de la deliberación. El 15-M está ampliando los límites de la esfera pública, proponiendo temas y alternativas y, de paso, repolitizando una sociedad tradicionalmente definida como la más apolítica de Europa por el efecto anestésico de la dictadura y los silencios posteriores. Además, al congregar en plazas a personas de origen, edad y condición muy diferentes, las manifestaciones de estos días fomentan la percepción de pertenencia a una comunidad más amplia, que es el principio básico de todo buen espacio público urbano. Compartir y reconocerse en la calle quizá no crea comunidad política inmediata, pero refuerza la convivencia entre desconocidos y alimenta la conciencia de formar parte de un espacio común, de una misma sociedad civil. Nada más lejos de una privatización.