Justicia cierra dos centros de internamiento de menores para ahorrar

El Departamento de Justicia de la Generalitat cerrará, para ahorrar, dos de los cinco centros de internamiento de menores en régimen cerrado que existen en Cataluña. Los centros afectados son el de Montilivi, en Girona, y Els Til·lers, en Mollet del Vallès, en los que actualmente viven 74 jóvenes. Justicia dice que la medida está justificada por un descenso en los delitos y que con ella se pretende “racionalizar recursos”. El Síndic de Greuges, en cambio, mostró su “preocupación” ante el recorte, por considerar que puede poner en riesgo la reeducación y reinserción de los menores.

Justicia defiende que la disminución de la actividad delictiva juvenil ha provocado un descenso en la demanda de plazas. En el de Girona, con capacidad para 43 personas, hay ahora 25 jóvenes. En Mollet hay 24 plazas libres de un total de 73. Los menores serán trasladados a los centros de El Segre, en Lleida, Can Jupià y L’Alzina, en Palau-solità i Plegamans (Callès Oriental), lo que implicará en muchos casos el alejamiento de sus familias. Además en Cataluña existen dos centros para menores en régimen de internamiento abierto o semiabierto, en Granollers y Guardiola de Font-rubí, y dos pisos de inserción.

El Síndic, sin embargo, cuestiona los datos ofrecidos por Justicia y recuerda que en su informe sobre los derechos del niño, de julio de 2011, constató que algunos de estos centros sufrían sobreocupación, entre ellos el de El Segre y el de Can Jupià, dos de los que acogerán a los menores que serán trasladados. En su última visita al centro Els Til·lers de Mollet, que Justicia quiere cerrar ahora, “había 62 jóvenes ingresados, a pesar de que tenía capacidad para 60”, avisa el Síndic.

El Síndic anunció que abrirá una actuación de oficio para interpelar a la Generalitat sobre los motivos del cierre y los efectos que puede tener sobre los derechos fundamentales en el ámbito de la justicia juvenil.

La juez de menores de Girona, Montserrat Bastit, tachó la medida de “grave error”. “La proximidad de los menores a su ambiente es básica para conseguir la reinserción”, afirmó Bastit, quien cree que el cierre de los centros rompe con el derecho de los menores a cumplir las sentencias cerca de sus domicilios. Justicia mantiene que “se garantizarán los medios para el contacto entre los internos y sus familias”, aunque no concreta más, y mantiene que parte de esos menores ya están ahora alejados de su ambiente. “De los 25 internos en Girona, solo ocho son de la provincia”, afirmó una portavoz del departamento.

Bastit pone en duda las cifras de Justicia. En su opinión y la de los trabajadores del centro, Montilivi cuenta ahora con 30 plazas, no con 43 como dice la Generalitat. La juez afirma que esta reordenación supone “una distorsión de todo el sistema” y que “masificarán los centros que queden abiertos”. Según Bastit, “no se trata de crear prisiones, sino de garantizar que la reinserción de los jóvenes evite nuevos costes sociales en el futuro”.

En la misma línea, el Síndic criticó que la sobreocupación “dificulta el cumplimiento de las medidas judiciales de reeducación y reinserción, impide la separación física de los niños y los jóvenes y entre los condenados y preventivos”. Además comporta una “carga de trabajo excesiva para los educadores”. Los sindicatos creen que Justicia propiciará una involución en el modelo. “Convertirán los centros en cárceles de menores, como los reformatorios del franquismo”, criticó Paco Garrido, de CC OO.

Justicia no ha contabilizado todavía el ahorro que supondrá la medida. El coste total de mantener los dos centros que se quieren clausurar es de 10 millones de euros anuales, según la Generalitat. Joaquim Clavaguera, director general de Justicia Juvenil, declaró ayer que el departamento recolocará “a todos los trabajadores que pueda”. Montilivi y Els Til·ers tienen una plantilla de 127 personas.

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